Desde hace varios meses, el bloque de concejales de Juntos por Dorrego (JPD) viene reclamando, a través de pedidos de informes, respuestas del Departamento Ejecutivo sobre por qué nunca funcionó el pozo de agua número 18 realizado por la comuna, ubicado en El Gaucho y 25 de Mayo.

Pese a que algunas de esas minutas de comunicación fueron votadas en forma unánime por el cuerpo, el vecinalismo sigue aguardando explicaciones. Incluso, las “erogaciones hechas por esta obra que no funciona” fue una de las objeciones hechas por este bloque durante el tratamiento de la rendición de cuentas.

El titular de la bancada de JPD, Hugo Segurola, dijo que en esta cuestión hubo cuanto menos “varias desprolijidades”. Aclaró que el objetivo de la obra era ampliar el suministro de agua a los vecinos, pero el mismo nunca se cumplió.

“Se invirtieron fondos públicos, con participación de personal municipal y contratación de mano de obra privada. Gastos cuyos montos finales se desconocen pero que han sido destinados a una obra que no funciona y no se explican las razones del caso”, dijo Segurola.

Con el título Cuando las cosas no se hacen (pozo 18), el edil escribió en Facebook: “Esta obra ya está terminada desde hace bastante tiempo, iba a cubrir una necesidad muy importante en lo referido al servicio de agua. En el Concejo seguimos esperando respuestas: ¿Cuánto se gastó? ¿Quién recepcionó la obra? y lo fundamental: ¿Cuáles son las causas por las que no funciona?”. 

“El desafío es que lo que se ajusta a la norma sea al mismo tiempo lo que produce resultados y soluciona problemas, porque si no, de otro modo, tenemos acciones correctas y legales pero ineficaces…”, cuestionó.

Fuentes del vecinalismo confirmaron que ante la falta de respuesta del gobierno municipal, no descartan buscar las respuestas a sus interrogantes sobre el ya famoso pozo 18 por otras vías para que exista el debido esclarecimiento en esta cuestión donde “fueron afectados fondos públicos”.

Incluso, desde Juntos por Dorrego instruyeron a sus representantes legales a analizar los pasos a seguir. Anticiparon que una vez que obtengan el informe técnico legal, resolverán las acciones futuras.

La principal sospecha que tienen los ediles del vecinalismo es que el pozo 18 se construyó en una ochava (El Gaucho y 25 de Mayo), y que una fracción del terreno utilizado pertenecería a un particular.

Por eso, surgen algunas preguntas: ¿el titular del terreno demandó al municipio?, ¿Existe un acuerdo de partes para permitir la puesta en marcha del pozo? Si esta respuesta fuera afirmativa, ¿Será gratis para la comuna o tendrá un costo? ¿Qué funcionarios actuaron en todo el proceso? ¿Qué análisis técnicos y del lugar se hicieron? ¿Con qué autorizaciones? ¿Existe o existió un informe de Asesoría Legal? ¿Qué funcionario recibió la obra?