El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) decidió ayer apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el reciente fallo del Máximo Tribunal de la Provincia que declaró la inconstitucionalidad de la exigencia legal del puntaje mínimo para pasar a la entrevista oral en el proceso de selección de cuatro vocales para la Cámara Civil y Comercial Común, que administra dicho órgano.

El planteo que derivó en la sentencia de la Corte tucumana fue promovido por la relatora María del Pilar Amenábar, quien denunció haber sido víctima de una supuesta arbitrariedad manifiesta en la corrección de su prueba escrita de oposición.

En consecuencia, según lo dispuesto por ese Tribunal, todos los candidatos que concursen por una vacante judicial deben pasar a la entrevista, que constituye la tercera y última etapa del proceso de selección.

La decisión de apelar esa sentencia se adoptó, inclusive, con el aval de los legisladores oficialistas: Carolina Vargas Aignasse y Regino Amado, y con la única disidencia del camarista en lo civil Augusto Avila, representante suplente de los jueces, quien estimó que era procedente cumplir con el polémico fallo de la Corte tucumana. El parlamentario opositor Esteban Jerez explicó que la decisión del Máximo Tribunal local los tomó “por sorpresa” y, según su interpretación, tiene por fin "destruir al CAM. Inclusive la resolución es absolutamente contradictoria, ya que busca terminar con el sistema de puntajes, cuando hace poco una acordada de la propia implementó el mecanismo para cubrir vacantes en los tribunales". Jerez insistió en que la situación que se planteó "evidencia el ánimo de atacar al CAM, por el tenor de la resolución, que no tiene precedentes, ya que pretende que todos los concursantes integren el orden de mérito".

Antonio Gandur, presidente del CAM e integrante de la Corte, será el encargado de redactar la apelación y en caso de que no encuentre una respuesta positiva en su pedido, recurrirá a la Corte Suprema de la Nación en queja

Respecto de los procesos en marcha, otro de los puntos que se evaluó en la reunión del CAM, seguirán su curso normal. Jerez explicó que es así puesto que “el fallo de la Corte no está firme al existir otras ocho cautelares pendientes”.

El legislador estimó que el fallo "tiende a que se inscriban decenas de personas y toma al CAM como un simple organismo administrativo, cuando es un instituto con raigambre constitucional”. El legislador opositor se mostró confiado en que la Corte Suprema de la Nación revertirá la decisión.

Los concursos que se están llevando adelante son para cubrir tres cargos vacantes en el Centro Judicial de Concepción: Uno en el Juzgado de Instrucción de la II Nominación; otro de Fiscal de Instrucción de la III Nominación y el restante de Defensor Oficial Penal de la II Nominación. También está en marcha la cobertura de un cargo de Fiscal de Instrucción del Centro Judicial Monteros. En tanto, resta definir los jurados para los exámenes a los 16 interesados a ocupar los seis cargos disponibles en la Cámara Penal y dos de Fiscal de Cámara Penal en el Centro Judicial Capital.