La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) apeló el rechazo de la Justicia al amparo presentado para frenar la decisión del Ejecutivo entrerriano de dar intervención a la actividad privada en la explotación del juego.

El sindicato consideró que el magistrado de feria Roberto Croux “no ve la urgencia” del tema. Igualmente, advirtió que “si no se ejerce una acción inmediata, y dado el marco legal que estructuraron el gobierno y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), se firmarán en breve contratos en Victoria y Concepción del Uruguay”.

Hace dos semanas, la entidad había presentado un “mandamiento de prohibición”, en el marco de una extensa medida de fuerza que paralizó la mayoría de las salas de la provincia durante lo que va de 2011.

La Asociación explicó que la sentencia de Croux se fundamenta en tres causas. En primer lugar, aseguró que el magistrado “no ve la urgencia como para escoger la vía del amparo, la que se utiliza en casos excepcionales, cuando peligra el derecho en la demora de hacer justicia”. Al respecto, el sindicato entendió “que si no se ejerce una acción inmediata y dado el marco legal que estructuraron el gobierno y el IAFAS, se firmarán en breve contratos privatizando el juego en Victoria y Concepción del Uruguay”.

En segundo término, sostuvo que el juez “no reconoce a ATE los derechos de representación para accionar, y que le son otorgados a través de los artículos 28 y 56 de la nueva Constitución Provincial en vigencia, el artículo 31 de la Ley 23.551 y el Decreto Reglamentario 757/2001”, consignó APF.

A su vez, apuntó que el magistrado “no percibe cuál es el daño inminente de los trabajadores de IAFAS afiliados a ATE”. En ese orden, remarcó que “la urgencia es porque corren actual riesgo de quedarse sin trabajo, ya que el lugar donde cumplen sus servicios pasará a manos privadas en forma inminente y por ende sus empleos están bajo amenaza cierta de desaparecer”.

Asimismo, el gremio alertó que “tampoco se refiere ni toma en cuenta el juez para dictar sentencia, que la demandada IAFAS solicitó una conciliación obligatoria ante la Dirección Provincial del Trabajo, citando a ATE y solicitando que se llegue a un acuerdo, donde el sindicato debía cesar con las medidas de fuerza que se llevaban a cabo en diciembre pasado”.