La funcionaria municipal y presidenta del comedor Sol y Luna, Gabriela Gómez, denunciada por una supuesta venta de colchones que le habían donado para regalar entre los vecinos de los barrios Parque Industrial y Nueva España, fue separada de su cargo luego de que Noemí Bascur se presentara en la Justicia para radicar la denuncia en su contra.

“Ingresó a la Municipalidad la denuncia judicial que hizo la Fundación Manos que Ayudan. Nos llegó la copia de la presentación en la Justicia, todo lo que se había dicho públicamente en los distintos medios. Nosotros no podíamos actuar por un escrache que se hizo en Facebook o los dichos públicos, pero con la denuncia ya tenemos que proceder de acuerdo con lo que establece el estatuto municipal”, explicó Yenny Fonfach, secretaria de Desarrollo Humano del municipio.

Gómez fue denunciada por Bascur, presidenta de la Fundación Manos que Ayudan, quien dijo que la funcionaria comunal, que ocupa el cargo de Dirección de Participación con Organizaciones Intermedias, vendió una gran cantidad de colchones que su fundación recibió en forma gratuita.

“Los vendió entre 50 y 150 pesos. Nosotros los recibimos y se lo dimos a ella para que los repartiera en la zona donde Gómez tiene el comedor, porque no conocíamos las carencias y necesidades de ese sector”, indicó la mujer.

“Hice la denuncia en Delitos Económicos, fui con tres testigos y hoy (por ayer) fui al Municipio a entregar tres notas: una al intendente, otra al secretario de Coordinación y otra a la secretaria de Desarrollo Humano”, dijo la denunciante.

Procedimiento

“Esto se eleva al área jurídica donde se hace la instrucción de un sumario y luego se aparta del cargo político que ocupa”, explicó Fonfach y señaló que hoy desde la secretaría que ella dirige se sacará una disposición mediante la cual se pedirá el apartamiento del cargo hasta que se esclarezca el caso. Es decir, sólo hasta que la Justicia determine si es responsable de los hechos por la que fue acusada. Si se establece que es inocente, volverá a su puesto en el Municipio, pero en caso de que se determine su culpabilidad deberá ser apartada.

Según explicó Fonfach, el estatuto establece que mientas esté en el proceso judicial la funcionaria no puede desempeñar sus tareas, aunque igualmente seguirá cobrando su salario. “Esto lo establece el Artículo 119 del Estatuto Municipal”, aseveró la secretaria de Desarrollo Humano.

Fonfach comentó que hasta el momento nunca habían recibido una denuncia de estas características, y que conocieron las versiones el día que se hicieron públicas: “Me sorprendió mucho porque no tuvimos este tipo de denuncias ni otras”, cerró la funcionaria.