Las cuatro personas acusadas de integrar una asociación ilícita que ofrecía casas ‘recuperadas’ del IPVU a cambio de abultadas ‘comisiones’, ven cada vez más complicada su situación, ya que tendrían denuncias en su contra en al menos tres juzgados del Crimen de la Justicia santiagueña. 

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que los cuatro imputados ya fueron denunciados en otros juzgados, por idéntica maniobra en numerosos casos. 

La fiscal de Instrucción en lo Criminal y Correccional de 1ª Nominación, Dra. Aída Farrán Serlé, admitió que junto con la jueza Dra. Lucrecia Martínez Llanos investigaban cuatro denuncias contra estas personas, por una defraudación total de unos $55 mil. 

Cabe recordar que el último viernes, el juez de Crimen de 4ª Nominación, Dr. Miguel Moreno, dio a conocer la imputación sobre tres mujeres y un joven -funcionario policial-, por el supuesto delito de asociación ilícita. 

Dos de las mujeres estaban sindicadas como jefas de la organización, mientras que la restante y el policía como miembros. 

El Dr. Moreno instruye 16 denuncias en contra de la ‘banda’, y en los próximos días se acumularían en su juzgado las causas abiertas por otros jueces. 

La maniobra era iniciada por las señaladas como líderes de la banda. Éstas tomaban contacto con las personas que buscaban la oportunidad de acceder a una vivienda y les decían que ellas les podían allanar el camino. 

Les aseguraban que contaban con el guiño de un abogado del medio, el cual se encargaría de realizar los trámites dentro del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). 

Los inmuebles que ofrecían eran casas recuperadas por el Instituto. Según los denunciantes, en la puesta en escena llegaban hasta a llevarlos a los diferentes barrios y mostrarles cuáles eran las casas disponibles y los hacían ‘elegir’ la que quisieran. 

Lógicamente, previo a ello les consultaban si estaban interesados, advirtiéndoles que el ‘trámite’ tendría su costo: debían pagar sumas de entre 10 y 20 mil pesos para que logren la adjudicación. 

Los interesados debían pagar esa suma y lo hacían colocando el dinero en un sobre cerrado, indicando remitente y el destinatario. Extrañamente, el que pasaba a retirar esos sobres era el agente de policía, detenido y luego excarcelado. 

El pago habilitaba a que se ‘inicien los trámites’, es allí donde comenzaban los primeros ‘contratiempos’ para los damnificados. Las mujeres que habrían pergeñado la maniobra les aducían trabas internas del IPVU, les hacían promesas de que ya se solucionarían y el tiempo seguía pasando sin obtener respuestas favorables y mucho menos la casa propia.