La lucha contra el narcotráfico fue uno de los ejes centrales del discurso que dio el gobernador José Manuel de la Sota en la apertura de las sesiones legislativas el 1º de febrero; y con ello el proyecto para la formación de una nueva fuerza Antidrogas. Si bien se había especulado con que esta semana comenzaría a tratarse en el seno parlamentario, los legisladores de la oposición confirmaron que recién la próxima iniciará el debate formal. En este sentido los representantes del bloque manifestaron sus dudas sobre la eficacia de la iniciativa.

Las principales críticas se centran en que el flamante cuerpo estaría integrado, en primera instancia, por la “vieja policía”, en tanto se formen los nuevos agentes.

Al respecto, el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Yuni señaló: “el proyecto plantea que en la nueva fuerza estén los efectivos que tanto estuvieron cuestionados en el escándalo de la Narcopolicía, quienes estuvieron comandados por Paredes y por Sosa. Esto nos lleva a tener una escasa confiabilidad respecto de que haya cambios reales”, expuso.

En el mismo orden, la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero cuestionó la conformación de una fuerza diferente y sostuvo: “hoy contamos con unos 23 mil efectivos y se pretende crear otro cuerpo basado en las antiguas estructuras. Entonces nos da a pensar que esto es sólo una cuestión de marketing. La trasformación se debe dar integralmente”, manifestó. Y aseguró que el proyecto sólo pretende “tapar el verdadero problema de corrupción que surgió con el destape del Narcoescándalo”.

Cintia Frencia, legisladora por el Frente de Izquierda lanzó duras críticas al gobernador, cuando señaló que la propuesta “no sólo crea una tropa de “elite” que dispondrá del control sobre el narcotráfico en la provincia, sino que al depender de la Fiscalía General, se reforzará su vinculación directa con el ejecutivo provincial. Esto tiene que ver también con la disputa entre la Justicia provincial y la federal. En ese nuevo esquema, la intervención de la justicia federal en los casos que se investiguen en Córdoba y los recursos, estarán totalmente subordinados a la decisión política del ejecutivo”.

Articulación federal y provincial

Por su parte el referente parlamentario del partido socialista, Roberto Birri hizo hincapié en que “la fragmentación de esfuerzos” en la lucha contra las drogas no da frutos. Ello haciendo referencia a la falta de articulación entre el ámbito federal y provincial, que sigue sin evidenciarse plenamente en el actual proyecto.

“Para que las estrategias tengan éxito se debe pensar en medidas centralizadas. Creo que esta FPA es un injerto de cuya efectividad tengo muchas dudas. Además a esta fuerza se le debe exigir transparencia. Y si se decide una desfederalización se debe buscar un trabajo bien articulado”, afirmó.

Así Birri volvió a objetar el combate contra el narcomenudeo. “Nos estamos quedando con el robo de gallinas. Es decir, atacamos al pibe que vende, o al que detienen por merodeo, y no estamos yendo al fondo del problema. Hay que dedicarse a los grandes carteles”, fustigó.

Montero también admitió que se requiere un “serio debate sobre la cuestión de la Seguridad en Córdoba”. “El tema no pasa sólo por el narcomenudeo, la cocina, la producción de drogas. Hoy Córdoba se ha convertido en un gran centro del Narcotráfico, y no hay persecución del grande”, afirmó.

También hay controversia sobre el seguimiento que se hará de las tareas que desarrolle la FPA. Yuni expresó que su bloque no acompañará la iniciativa si no hay garantías de “un control parlamentario y social” sobre el nuevo cuerpo.

“No queremos que vuelva a ocurrir lo que sucedió. Y para acompañar deberemos exigir modificaciones que tengan que ver con la disponibilidad de acceso a toda la información presupuestaria y las líneas de acción que se van a llevar a cabo”, aseguró el referente radical.

Incertidumbre

En medio de la discusión, los bloques expresaron un evidente escepticismo respecto a la optimización de la fuerza policial mediante esta iniciativa. Todos coincidieron que es un proyecto “de complejo armado” que requiere más especificaciones acerca de sus objetivos y alcances.

En tanto, el eje de la polémica también estuvo centrado en la apertura de responsabilidades de la Fiscalía General, de la que dependerá directamente la FPA y la creación de nuevas Fiscalías de Instrucción y juzgados. En este orden, los legisladores pusieron sobre el tapete el interrogante acerca del grado de independencia que tendrá el poder judicial del poder ejecutivo para tomar resoluciones.