El ministerio de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia de Salta, que estaba cargo del ahora diputado nacional Fernando Yarade, desconoció un dictamen de la Sindicatura General de la Provincia que advirtió sobre los vacíos legales que tenía la operación que se estaba por realizar.
El dictamen fechado el 13 de febrero de 2004 de Laura Chinchilla -abogada del organismo que hace el control interno del gobierno- está incluido en el voluminoso expediente que el gobierno provincial envió a la Legislatura y es, tal vez, el papel que más compromete no sólo a los entonces funcionarios de Romero, sino también a aliados político del Urtubey.
Allí la profesional deja bien en claro que el decreto 1297 del año 1998 había incorporado las 90 hectáreas al patrimonio Provincial con destino a Familia Propietaria, "no existiendo otro antecedente en autos de decreto rectificatorio que establezca su ingreso o destino al remanente patrimonial del ex BPS".
Pero al día siguiente el IPDUV cedió - con una simple resolución y sin decreto respaldatorio- las 90 hectáreas a José Luis Agustoni valuándolas en 460 mil pesos. Cuatro meses después Agustoni las vendió a Cecilia Pérez de la Fuente por nada más que 100 mil pesos. Y en 2009, las tierras fueron adquiridas también por 100 mil pesos por la empresa Estancia El Carmen, dirigida por un hijo del ex gobernador Romero, y con participación accionaria de la empresa Júcaro.
Entre medio, el gobierno de Romero construyó la autopista oeste de circunvalación que revalorizó exponencialmente los terrenos de la zona. Y Estancia El Carmen amplió su objeto social para dedicarse a los "clubes de campo".
El expediente enviado por el Ejecutivo a la Legislatura parece confirmar las sospechas que tuvo Chinchilla en su momento: los funcionarios que actuaron ignoraron lo que había dispuesto el decreto, y encuadraron la operación con reglamentaciones y dictámenes ministeriales de menor rango que el decreto de 1998.
De hecho, el dictamen de la Sindicatura se contrapone notoriamente con otro fechado el 12 de febrero de 2004 y que circuló también en los despachos del ministerio de Hacienda.
Allí un funcionario llamado aparentemente Néstor Carlos Barbarán -su sello apenas es legible- sostiene que "la administración del BPS residual posee facultades para la operación mencionada, previa autorización del ministerio de Hacienda".
El funcionario va mucho más allá y llega a recomendar la operación porque se acabará con "el problema de la depredación clandestina", y porque generaría una actividad económica que "a su vez, crearía fuentes de trabajo".
El ministerio de Yarade se quedó con el dictamen de Barbarán, y no con el de Chinchilla, con lo que legitimó la operación con la firma del entonces secretario de Ingresos Públicos, Carlos Abeleira, a quien se presentó como administrador del residual del BPS.
Lo que no queda en claro es si el interventor del IPDUV, y actual ministro de Trabajo, Rubén Fortuny, conoció el dictamen de la Sindicatura o si directamente se confió en lo que le mandó decir Yarade, quien obtuvo la diputación nacional en 2009 con el apoyo del gobernador Urtubey.
Por lo pronto, desde que explotó el escándalo por La Ciénaga, Fortuny se defendió aseverando que esas hectáreas pertenecían al residual del BPS, dando todavía crédito a la posición de Hacienda, y desconociendo totalmente el decreto provincial que las había incorporado al patrimonio provincial y destinado al programa Familia Propietaria.
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