El martes, luego de que se discutiera en la Cámara de Diputados la auditoria realizada, los diputados oficialistas adjudicaron a la AGP su carácter "político", un aspecto que no se midió con la misma vara cuando se discutió la auditoria que se hizo sobre la contratación de la digitalización de archivos por parte de la empresa Plumada, en el último período de la gobernación de Juan Carlos Romero.

En ese caso, un fiscal inició de oficio la investigación de esta contratación, el Gobierno emitió el decreto por el cual anulaba el contrato de la digitalización, además de girar las actuaciones de la Auditoria a la Justicia.

En la situación de los kits escolares, los diputados oficialistas no solo pusieron argumentos para defender la contratación irregular de los kits escolares 2008, sino que incluso, según Cornejo, el diputado por San Carlos, Carlos Figueroa Guardo, rescató que Cartoon no haya cobrado los manuales que debieron rehacerse ante los errores que presentaban. De hecho, la empresa no fue sancionada en ningún momento y, por el contrario, fue la que siguió ganando las adjudicaciones para la impresión de los manuales repartidos por el gobierno provincial.

La AGP también advirtió la necesidad de investigar las contrataciones que se siguieron en el gobierno de Juan Carlos Romero, dado que fue también en el último tramo de esta gestión, que se mandaron a imprimir manuales de Ciencias Sociales para 4º. Los libros, lejos de ser repartidos en las escuelas, fueron apilados en un depósito del Ejército.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda de la gestión romerista y actual diputado provincial, Javier David, sostuvo que "sería bueno que el Gobierno tuviese una actitud proactiva y mandase a investigar el primer hecho irregular de su gestión". Al exponer su posición en el recinto, David rescató lo indicado por la ex ministra de Educación, Marta Torino, quien renunció tras detectarse las irregularidades de esta contratación.

Esta indicó que no se le dio "intervención sobre las formalidades que requería la contratación y, si así hubiese sido, se podría haber dado lugar a una investigación sobre un ardid simulativo", además de agregar que "todo el proceso de negociación auditado se desarrolló como ejecución de una decisión política del máximo nivel del poder ejecutivo".