Debido al incremento de situaciones de coerción contra las mujeres, se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante capitalino que establece la declaración de emergencia por el término de dos años.
Entre los firmantes de la iniciativa y que participaron de su elaboración se encuentran Clarisa Alberstein, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Tucumán; la concejal Sandra Manzone, Natalia Uslenghi Murga del equipo de género de la Coalición Cívica; Estela Di Cola referente de los Autoconvocados de la Salud, Edith Haberte y Beatriz Carnero de la Fundación Madres de la Esperanza. Además, vale resaltar que el proyecto cuenta con el apoyo de Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles.
Se sostuvo, a modo de argumentar las razones que motivan la elaboración de una normativa como la elevada, que los hechos de violencia de género "siguen aumentando, sin que desde el Estado se tomen medidas necesarias para prevenir e impedir este flagelo ni haya estadísticas certeras", en torno a este tópico.
El texto de la norma establece que la declaración de emergencia en materia de violencia de género se extenderá por el término de dos años. En tanto que se determina la creación de cinco Centros Integrales de la Mujer (CIM) para brindar asistencia psicológica, médica y social a las víctimas, así como patrocinio jurídico gratuito.
Asimismo, se dispone la apertura en diferentes barrios de la Ciudad de cinco casas refugio de tránsito en el primer año de la emergencia y otras cinco en el segundo año, para la atención y albergue de las mujeres en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza. Por ello, se propone utilizar a los Centros de Integración Comunitaria (CIC) que existen en los diferentes barrios.
Entre otro de los puntos consignados en el proyecto, se destaca aquel que enuncia el otorgamiento a las féminas que padezcan este flagelo de una asignación mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante todo el tiempo que estén afuera de sus domicilios o hasta tanto se reinserten laboralmente.
A fin de garantizar las medidas dispuestas, se indica que las partidas para la asistencia a las víctimas no deben ser inferiores al 0,5 por ciento del presupuesto total del municipio. Además, se propone la utilización del fondo soja, para la implementación de este programa.
"La violencia contra las mujeres y el femicidio es un problema político, social, de derechos humanos, de salud pública y también de seguridad. Es una expresión, la más atroz, de las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres en esta sociedad patriarcal. Por otra parte, en general, la actitud del sistema judicial y policial es de un alto nivel de inacción y complicidad de hecho", sostuvieron quienes elaboraron el proyecto.
Por su parte, Alberstein adujo que "desde las obligaciones del Estado, el hecho de no dar una salida satisfactoria a esta necesidad tan básica de refugio de las mujeres, significa empujarlas a volver junto al golpeador y así no poder romper su círculo de violencia. Lo que hace falta son unidades convivenciales de refugio suficientes y no discursos de 'buenas intenciones' que no resuelven nada".
Agregó, en este sentido, que desde el espacio multisectorial "impulsamos medidas concretas porque la ley 26.485, que toca el tema de la violencia, es abstracta, no hay medidas eficaces para parar la escalada terrible que es un genocidio hacia las mujeres. Todos dicen que están en contra de la violencia de género pero hay funcionarios que hacen declaraciones vacías y no tienen presupuesto ni medidas efectivas".
Es dable mencionar, en línea con las objeciones por la falta de complejidad en las políticas aplicadas hasta el momento, que el Presupuesto 2012 al Consejo Nacional de las Mujeres para atender la violencia de género es nada más que de 14 millones de pesos, apenas un 0,0027 por ciento del total.
Además de los obstáculos que se le achacan a la denominada "burocracia policial y judicial", el mero hecho de que la mujer víctima de violencia no cuente con un lugar seguro en donde refugiarse a menudo la desalienta incluso de hacer la denuncia. En el plano nacional hay en total 750 plazas de refugio, muy lejos de lo que se necesita.
"Muchas de las mamás que padecen violencia por parte de sus parejas no se van porque no tienen dónde ir. No se puede desmembrar a la familia, ya bastante daño psicológico se incurre con la violencia, como para que además se las desarticule, lo cual es violatorio de los derechos humanos de los niños", indicó la dirigente del MST, movimiento que originó la idea de presentar el proyecto.
El grupo de mujeres que elaboraron la iniciativa fueron recibidas por el presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano, y mantuvieron una entrevista de una hora junto a otros ediles para conversar sobre el alcance del este flagelo.
Números del horror
Durante el primer semestre de 2012, se registraron:
* 119 femicidios y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas
* 11 femicidios vinculados de hombres y niños
* 161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género
* Muere una mujer cada 30 horas en el país
* En Tucumán, murieron 9 mujeres en 2012
FUENTE: Informe de
(Investigación de Femicidios en Argentina)
Sólo dos de cada diez mujeres denunciantes recibe patrocinio jurídico gratuito
En un contexto general de falta de datos y de registros administrativos para medir la violencia, el próximo mes de enero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) pondrán en marcha el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, que apunta a visualizar la problemática y definir cuáles son los tipos de violencia que padecen las mujeres en las distintas provincias con miras a mejorar las políticas de prevención y de asistencia a las víctimas.
Según informó el portal comunicarigualdad.com.ar, el Registro Único se basará en información de la administración pública y centralizará las denuncias.
Por su parte, Alejandra Gils Carbó (Procuradora General de la Nación) creó el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género, enfocado en los siguientes ejes: investigación, sistematización de información y elaboración de estadísticas sobre violencia de género y derechos de las mujeres; asesoramiento y asistencia técnica a las fiscalías sobre cuestiones de género; difusión, sensibilización y capacitación sobre la temática de género y derechos de las mujeres; y articulación intra e interinstitucional con organismos encargados de asuntos pertinentes para la temática de género.
A su vez, el portal indicó que la imposibilidad de contar con patrocinio jurídico gratuito afecta el real ejercicio de los derechos de estas mujeres y sus posibilidades de lograr toda la protección disponible en la legislación. Al respecto, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentó los resultados de una investigación cualitativa realizada a partir de la revisión de expedientes iniciados por denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que continuaron su trámite ante la Justicia Nacional en lo Civil con competencia en temas de Familia de la ciudad de Buenos Aires. Tras la revisión saltó a la luz que en solo dos de cada diez expedientes analizados, la parte denunciante contó con patrocinio jurídico gratuito.
Por esta razón, el 15 de octubre pasado comenzó a funcionar, a través de un convenio entre el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Ministerio Público Fiscal, el Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género. Así, la Secretaría de Comunicaciones asignó al CNM la línea telefónica gratuita 144 para la atención en todo el país de consultas de violencia de género, con el fin de dar contención, información y asesoramiento sobre los recursos existentes en materia de prevención y asistencia a las víctimas. La línea funciona las 24 horas de todos los días del año.




Comentá la nota