Debido a la precaria situación por la que atraviesan los trabajadores del Patronato de Liberados, denunciada de manera reiterada por los operadores del sistema,  personal de la Fiscalía General realizó junto a efectivos de la policía bonaerense tareas de control para verificar el cumplimiento de las medidas de morigeración dispuestas por distintos Juzgados.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la semana pasada se verificaron diez domicilios en distintas zonas de la ciudad para monitorear y verificar el cumplimiento de los arrestos domiciliarios concedidos. “En esta oportunidad la totalidad de las personas condenadas o imputadas se encontraban en las direcciones establecidas para el otorgamiento de la medida”, indicó una de las fuentes consultadas por este medio.

Las visitas se realizaron después de las nueve de la noche y contaron en todos los casos con el apoyo de personal policial de distintas comisarías y los resultados fueron comunicados a los organismos jurisdiccionales y a los fiscales intervinientes. “Tras la visita, los empleados realizan un acta que se eleva a cada fiscal que tiene la causa para que comunique al juezsi existe alguna irregularidad”, explicaron.

La medida intenta paliar el desborde que sufren los treinta asistentes sociales que se ocupan de la fiscalización, tratamiento integral y reinserción social de las personas con libertad condicional, condenas condicionales, excarcelados, eximidos de prisión y condenados con libertad asistida. En su momento la Asociación de Trabajadores del Estado sostuvo que en el Departamento Judicial local hay tres mil expedientes abiertos para monitorear.