A través de un comunicado emitido por la Administración nacional de la Seguridad Social (ANSES), desde el organismo se señala que no se efectuará el pago de las Asignaciones familiares adeudadas a los trabajadores tareferos de Misiones, debido a vericuetos jurídicos. Según reza el documento, "En el marco de los reclamos iniciados por los trabajadores tareferos de la provincia de Misiones, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo a cargo del Dr. José Luis Casals, de Eldorado, hizo lugar a los amparos y ordenó reintegrar el pago de las Asignaciones Familiares, a pesar del proceso penal previo existente. La trascendencia de esta causa obliga a la paralización de todo reclamo civil, lo que requiere no emitir decisión de fondo hasta tanto no exista sentencia final en la causa penal."

El comunicado, continúa con el manifiesto de que: "La confluencia de dichos procesos, tanto la causa penal como los amparos civiles, podría generar “escándalo jurídico”, ya que se le ordenó a la ANSES reintegrar el pago retenido de AAFF que no corresponden por no haberse acreditado la real prestación de servicios. En el marco jurídico, este accionar se convertiría en una estafa procesal, en la que se le requiere a un Juez Federal que dicte sentencia sobre la base de sustentos erróneos."

Antecedentes

La existencia de empresas fantasmas en la provincia, le sirve al organismo estatal para retrasar el pago de las asignaciones familiares hasta tanto se comprueben la existencia de las mismas y el trabajo de sus empleados. La medida que tiene asidero en casos anteriores, es retomada en el comunidado donde se detalla que: "A partir de la detección de varios casos de empresas “fantasma” que registraban a trabajadores tareferos y percibían asignaciones familiares (AAFF), desde agosto de 2009 se procedió a retener el pago de AAFF a los trabajadores de esas empresas. Con el objetivo de corroborar la validez del nuevo reclamo de algunos trabajadores tareferos, la ANSES desplegó un trabajo de campo de verificaciones, en enero de este año, en el que se corroboró una vez más la inexistencia de la real prestación de servicios de varios actores litigantes."

Sobre esto insiste el documento cuando señala: "Desde 2003 a 2008, este fraude ocasionó un perjuicio económico a la ANSES de $ 2.409.302,06. Es responsabilidad del organismo previsional preservar los fondos del Estado de reclamos indebidos por prestaciones inexistentes y en ese sentido, la ANSES está llevando adelante todos los procesos legales correspondientes, así como las investigaciones de campo necesarias mencionadas anteriormente."