“Fue una gran disyuntiva tomar esta decisión de los descuentos, hubo mucha discusión, mucha pelea porque sabíamos realmente cuál es el daño que íbamos a generar, el tema es que no encontrábamos otra manera de terminar con el fraude de las empresas”, reconoció Antonio Lunich, de la gerencia de Detección y Control Prestacional, quien recibió el jueves pasado en Buenos Aires a los delegados de los tareferos junto al gerente de Relaciones Gremiales, Marcelo Plomer y a Diego Castro, de la gerencia de Asignaciones Familiares y Desempleo. Lunich anticipó que el organismo finalizó un nuevo informe sobre la situación de los contratistas donde se da cuenta de que “el caso de Oberá es peor que el de Montecarlo”. También remarcó que los descuentos fueron generalizados ante la incapacidad de frenar las irregularidades de los empleadores.