Pía López Cano anhela ser madre por segunda vez. Con ese fin, se sometió a tres tratamientos de fertilización asistida que no prosperaron. Pero ella jamás bajó los brazos. En 2014, comenzó a juntar firmas para que las obras sociales y prepagas cumplan con la Ley de Fertilización Asistida y hasta recurrió a la Justicia para que le cubrieran el tratamiento. En noviembre, un juez no dio lugar a la medida cautelar que había presentado, pero ahora la Cámara en lo Civil y Comercial Federal le dio la razón y ordenó a OSDE la cobertura de un tratamiento de fertilización asistida denominado ICSI a esta mujer de 46 años, sin pareja, y con “esterilidad secundaria”.

“Se puede”, le confesó entre lágrimas López Cano a Clarín vía telefónica desde Brasil. “Todos me decían que no me lo iban a pagar. No hay dolor que la línea de llegada no pueda curar”, agregó la azafata de Aerolíneas Argentinas en una escala de su trabajo. La Sala 2 de la Cámara, con las firmas de los jueces Ricardo Guarinoni y Graciela Medina, le concedió la cautelar a la paciente, que reclamó someterse al tratamiento para ser madre “con óvulos y semen donado”.

Pía había comenzado a escribir su historia a inicios de 2014 en un blog de Para Ti, que le permitió dar a conocer su caso y también a formar foros con mujeres que están en una situación parecida a la suya como el grupo “Hecha la ley, hecha la trampa. Hagamos cumplir la ley 26.862”.

OSDE había rechazado el pedido, pero los camaristas le recordaron que la legislación vigente “entiende por técnicas de reproducción médicamente asistidas a todos los tratamientos y procedimientos para la consecución de un embarazo”. La prepaga, que ayer no respondió a la consulta de este diario, deberá pagar unos 80 mil pesos por el tratamiento que su adherente comenzará el mes que viene. Ese monto incluye el banco de semen, la ovodonación, los medicamentos y los tratamientos al 100%.

“Ya pasé dos inseminaciones y una fertilización in vitro que no prosperaron. Pasé por tratamientos de hormonas e inyecciones diarias para mejorar la calidad de los óvulos. Engordé ocho kilos. Me ilusioné después de cada inseminación pensando que podía estar embarazada, para después pasar por la decepción de saber que no”, había escrito en su primer post quien ya es madre de María Elena, de 10 años. Ahora, el fallo judicial señala que a ella “se le diagnosticó esterilidad secundaria de segundo año de evolución por insuficiencia ovárica”, por lo que se le recomendó “realizar tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad con técnica ICSI”.

López Cano, que ya no podía pagar más tratamientos, recordó que una amiga, la diputada Silvia Majdalani, había intervenido en la Ley de Fertilización Asistida y la llamó. Luego recurrió al estudio Petrella-Segarra-Masjuan Abogados y recibió el apoyo de su médico, Sergio Pasqualini. Y ya no detuvo su lucha. “Este fallo es novedoso y sienta jurisprudencia. Ahora la gente puede saber que tiene derecho a que la obra social o su prepaga cubra este tipo de tratamiento. Ojalá que estas causas no se judicialicen”, le comentó Fernando Petrella a Clarín.

El tribunal entendió que existe “peligro en la demora” en virtud de la edad de la paciente y, en consecuencia, ordenó “la cobertura integral del tratamiento de fertilización”, que deberá realizarse en Halitus Instituto Médico, “un establecimiento que cumple con los requisitos de registración, aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación”. Halitus también había sido elegido por Pía.

La técnica de fertilización, aclara, no empleará “óvulos crioconservados, sino que se trata del método en fresh, en el cual se utilizan óvulos en fresco y no se acude a ningún banco de gameto”, una barrera que afrontaba la mujer para obtener la cobertura del tratamiento.