El 2010 está cerrando -sorpresivamente para muchos, no tanto paratantos otros- bajo el signo de los estallidos de violencia, y aunquelos sucesos más graves se han registrado, en términos geográficos, enla capital federal y, por lo tanto, las responsabilidadesinstitucionales y políticas han recaído hasta ahora en los gobiernosnacional y de esa ciudad, la preocupación por esta etapa de furiasocial y de opción por las acciones ilegales y los desmanes marcatambién el fin del año bonaerense. Es que, en ese panorama general, labalacera contra gendarmes que custodian un predio en el corazón delConurbano sur que había sido usurpado y desalojado heló la sangre en laGobernación.

Técnicamente, la Provincia es un polvorín. El solohecho de que contenga -masivamente en el Conurbano- la mayorconcentración de población en situación de pobreza, exclusión ymarginalidad del país, la coloca en situación de altísimo riesgo deexplosión social.

EFECTO MULTIPLICADOR

Ya se hadicho aquí que las usurpaciones, tanto de predios del Estado comoprivados, no son nuevas ni excepcionales en la Provincia. Son, desdehace un buen tiempo, demasiado frecuentes. Por eso la violencia que hasignado los episodios porteños provoca especial preocupación en losámbitos oficiales bonaerenses. Y en ese marco inquieta la ausencia deuna política general definida frente a las ocupaciones, aunque en lamayoría de las ocasiones desde el gobierno provincial y lasintendencias se reacciona "dejando hacer" en la medida que nointervenga la Justicia y ordene desalojos. Una manera de evitar queacciones destinadas a impedir los asentamientos desencadenen violencia,aunque su contracara implique convalidar la ilegalidad y propiciar,desde el "ejemplo" de la permisividad, la multiplicación de las tomasde predios.

Por lo pronto, esta semana el propio intendente deQuilmes, el oficialista "Barba" Gutiérrez, admitió públicamente quepiensa comprar -con fondos públicos, desde ya- los terrenos privados enlos que se instaló el único asentamiento bonaerense que alcanzótrascendencia mediática en los calientes días de la toma del ParqueIndoamericano en la capital federal. La intención es, claro, adquirirel predio para permitir la permanencia del asentamiento. Y algunosobservadores políticos advierten que esta decisión puede tener unefecto multiplicador de las usurpaciones mayor aún que la política demirar para el costado ante las ocupaciones.

BALACERA Y ALARMA

Elepisodio en el que tres gendarmes fueron baleados en Lanús generó, enese contexto, extrema inquietud. Ocurrió un día después de que sepusiera en marcha el desembarco de 6 mil hombres de esa fuerza en elConurbano para participar de la prevención del accionar delictivo. Lainseguridad, se sabe, es otro polvorín bonaerense siempre listo paraestallar y cobrarse vidas. Por eso, después de la confusión inicial,resultó casi un alivio para los habitantes de despachos oficiales de laProvincia la precisión de que el ataque a los gendarmes no habíaocurrido en el marco de un asalto.

Pero los detalles del hechoreencendieron las luces de alarma sobre los riesgos de que lasusurpaciones también deriven en la Provincia en actos violentos. Aunqueen verdad nada se sabe hasta ahora de los autores de la balacera contralos gendarmes, se estima que el ataque estuvo vinculado al hecho de queesos uniformados están allí -terrenos de una entidad empresaria- paracustodiar el predio luego de que éste fuera, hace un tiempo, ocupado ydesalojado por orden judicial y ahora -cuatro días antes de losdisparos- se registrara un nuevo intento de toma evitado por esosmismos uniformados.

OTRO ESTALLIDO

Y que en lahipercompleja situación social no sólo la cuestión de las ocupacionesencierra riesgos de estallidos quedó durísimamente demostrado el juevesen la estación de trenes de Constitución. El escenario fue una vez másun ámbito porteño y fue el corte de un servicio regulado por elgobierno nacional la chispa que encendió el fuego. Pero fueronbonaerenses los protagonistas de otro día de furia.

Para la CasaRosada, se trató de otro episodio provocado por sectores políticos -sevolvió a acusar a Eduardo Duhalde- cuyo objetivo es "generar un climade inestabilidad" que tenga a la administración de Cristina Kirchnercomo eventual responsable ante la sociedad.

En la políticabonaerense hay quienes comparten el criterio de que en ése como enotros desbordes violentos en las protestas sociales actuaron grupos deactivistas políticos, aunque con el matiz sustancial de que los que asílo creen, tanto en el oficialismo como en la oposición, sostienen quese trataría de grupos de ultraizquierda.

Sin embargo, en laProvincia tomaron debida nota de que fueron centenares de habitantesdel sur del Conurbano bonaerense los que iniciaron los incidentes,atacando con piedras y cuanto elemento contundente encontraron lasboleterías y otras instalaciones de la estación de Constitución, cuandodescubrieron que no tenían trenes para volver a sus casas después deuna jornada de trabajo y de calor agobiante.

Nada justifica lasreacciones violentas y los desmanes. Pero los bonaerenses saben que, enla hora pico de un día laborable, si no andan los trenes no hay formade volverse a casa desde Constitución, ya que los servicios decolectivos desde allí al extenso y superpoblado sur del Conurbano nopueden absorber esa multitud como no sea a lo largo de varias horas.Por eso, advierten que el inicio de los incidentes fue un desborde defuria de los usuarios del servicio ferroviario, al que, en todo caso,alimentaron y contribuyeron a sostener durante más de dos horas algunosactivistas políticos.