Atento al debate público en torno a niñas y niños en conflicto con la ley, desde Abogados del Noa en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) reafirmaron que es una obligación impostergable del Estado argentino reformar el Régimen Penal Juvenil vigente y adecuarlo a uno respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En el mismo sentido, Andhes manifiesta su absoluta oposición a enfoques que pretenden hacer derivar, como una consecuencia inevitable de la necesidad de reforma, la baja de la edad de imputabilidad. El problema de la violación de derechos de niños y niñas menores de 16 años privados de su libertad, no se soluciona "legalizando" su encierro, argumentaron.

A partir de la reforma de 1994, forman parte del bloque de constitucionalidad distintos tratados internacionales que definen normas a las cuales Argentina se obliga, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en particular la Convención de los Derechos del Niño (CDN), gozan de tal jerarquía. En ese marco, pese a la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias, incluyendo modificaciones legislativas, para garantizar que los menores que hayan sido acusados de cometer un delito sean sometidos a un sistema de justicia juvenil excepcional y especializado, la Argentina no armonizó por completo su legislación interna con los principios establecidos en la CDN, indicaron miembros de Andhes.

En nuestro país conviven actualmente normas que reconocen a los niños como sujetos de derechos de conformidad con las disposiciones de la CDN, con un decreto de la última dictadura militar (22.278) que responde a una concepción claramente tutelar de la infancia y de control social de la infancia pobre, remarcaron desde la organización. Dicho decreto permite un tratamiento igual al de los adultos para personas entre los 16 y los 18 años, en conflicto con la ley, en tanto permite, a discreción del juez, la imposición de las sanciones previstas en la normativa penal ordinaria (medidas tutelares). "En otras palabras, en nuestro país, niños y niñas de menos de 16 años de edad no son punibles pero pueden ser privados de su libertad, o lo que es lo mismo, son inimputables pero son igualmente privados de su libertad, producto del margen de arbitrariedad y discrecionalidad de la normativa", explicaron desde el área de niñez de la ONG.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente cuestionó a la Argentina por el caso de niños condenados a perpetua y dispuso que "el Estado deberá ajustar su marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, y diseñar e implementar políticas públicas con metas claras y calendarizadas, así como la asignación de adecuados recursos presupuestales, para la prevención de la delincuencia juvenil a través de distintos tipos de programas.