La ONG Andhes, referente en Derechos Humanos en el norte del país, emitió un duro comunicado luego de que se diera a conocer el video en el que se puede ver a un efectivo policial torturando a un joven esposado en una comisaría, mientras un compañero festeja las chanzas y lo filma con un celular. 

"Andhes repudia enérgicamente los hechos de tortura recientemente conocidos -por medios de comunicación- y exige se investiguen estos aberrantes hechos, se sancione a los culpables, y exhorta a la urgente puesta en marcha de mecanismos de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", señala en el primer párrafo el comunicado. 

Desde la organización no gubernamental explicaron que "la violencia institucional consiste en un conjunto de prácticas ejecutadas por agentes estatales que resultan esencialmente violatorias de los Derechos Humanos, ya que devienen lesivas para la integridad física y psicológica, la dignidad y la vida de las personas”.

Asimismo, añadieron: "Lamentablemente hechos como el trascendido forman parte de una práctica habitual en nuestra provincia, que es facilitada por la confluencia de una serie de factores institucionales, políticos y sociales. La persistencia de la impunidad, refleja la falta de compromiso de las autoridades judiciales de investigar este tipo de delito y sancionar a los funcionarios que la cometen, el temor de las víctimas de sufrir represalias al denunciar estos hechos y dinámicas corporativas de protección a los funcionarios que cometen tortura".

"Estos aspectos se complementan con una cultura institucional punitiva, que se refleja en una política criminal represiva que utiliza un sistema penal selectivo y criminalizante -del joven, pobre, que vive en la villa, indígena, migrante, entre otros- y de políticas públicas de seguridad de neto corte reactivo y represivo del delito, pero no preventivo", señalaron los especialistas nucleados en la ONG. 

La Campaña "Reforma Policial Ya!”, que promueve la organización desde el amotinamiento de diciembre pasado, contiene propuestas para avanzar en la erradicación de estas prácticas institucionales entre las que se incluye la creación de una oficina civil de asuntos internos que, sin estar sujeta al control de la cúpula policial, permita controlar e investigar el trabajo de sus integrantes, lo cual se considera crucial para la modificación de las prácticas policiales. Otros aspectos importantes mencionados son la Reforma del Código Procesal Penal y el diseño de una política criminal democrática por parte del Ministerio Público Fiscal, y la reglamentación de la ley que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Desde Andhes remarcaron que los hechos como los que se hicieron públicos "son intolerables en un estado democrático de derecho. La Argentina es signataria de instrumentos internacionales a través de los cuales se comprometió a tomar todo tipo de medidas eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio bajo su jurisdicción; castigar esos delitos; velar para que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial ante estos casos y velar por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes”. En este sentido, agregaron, "la situación en nuestra provincia, dista de mucho de la aspiración reflejada en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”.

Finalmente, desde el Área de Seguridad y Derechos Humanos de la ONG, recordaron que "en nuestra provincia el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura fue creado en Septiembre de 2012 por la Ley 8523. Sin embargo, a la fecha se encuentra sin reglamentar y sin operatividad”.

La ley ordena la constitución de una Comisión (de naturaleza descentralizada, independiente, con funcionamiento autónomo y financieramente autárquica) que tendría capacidad para realizar visitas a los lugares de privación de libertad, recibir denuncias y promoverlas, solicitar medidas urgentes y asesorar especializadamente a entes públicos y privados a cargo de personas privadas de su libertad.

"La puesta en marcha de esta Comisión", alertaron desde la organización, "es una exigencia internacional, surgida del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (ratificados por Argentina en  1986 y 2004) y que el Estado tucumano deliberadamente incumple, comprometiendo la responsabilidad internacional del país".