La demora de diez años en juzgar este delito y la complicidad manifiesta con la que operan estas mafias estatales y paraestatales, permiten sostener la impunidad que hoy repudia todo el pueblo argentino. Esta situación interpela, una vez más, a la propia responsabilidad del Estado argentino en el cumplimiento de su obligación de administrar justicia; así como también en su obligación de prevenir y combatir la trata de personas determinadamente, y de proteger y reparar a las víctimas respetando plenamente sus derechos humanos, a través de políticas públicas integrales y efectivas que accionen directamente sobre el ámbito del proxenetismo.

La explotación sexual opera sobre la base de una distribución desigual del poder en nuestra sociedad, en tanto las niñas y mujeres son abusadas y explotadas sexualmente por proxenetas nucleados en estructuras delictivas organizadas, que actúan en forma concertada, convirtiendo a la actividad criminal en una estructura sistemática y sustentable, es decir "industrializando" una actividad criminal organizada.

Nuestro sistema penal no fue creado, y sigue demostrando no estar preparado para juzgar este tipo de delitos, en los cuales el poder político y económico lleva adelante toda maniobra a su alcance para garantizar la impunidad. En ese marco, y sin perjuicio de los fundamentos de este fallo que aún son desconocidos, resulta indispensable remarcar la importancia y el valor probatorio, en este tipo de procesos, de los testimonios brindados por testigos-víctima, justamente teniendo presente ese doble carácter que revisten.