Publicado el 09/02/2012 - La aplicación de la tarjeta denominada Sube, de la sigla Sistema Único de Boleto Electrónico, a través del cual el Estado traspasará el subsidio que reciben las empresas a los usuarios, ya es motivo de análisis por parte de las autoridades nacionales para su implementación en Santiago del Estero.

La aplicación es una medida que desde la Secretaría de Transporte de la Nación les adelantaron a todas las provincias en una reunión realizada días atrás en las oficinas del organismo nacional. En el encuentro se recordó que la tarjeta Sube implicará un cambio en el destinatario de los subsidios: no serán las compañías, pero tampoco aquellos pasajeros que puedan pagar la tarifa plena. Y para eso, Afip y Anses aportarán información sobre los usuarios.

De acuerdo con lo manifestado a EL LIBERAL por Mario Abregú, responsable del área Subsidios de la Dirección de Transporte de la provincia, “la idea es que la aplicación sea progresiva en todas las provincias, y para ello nos pidieron que vayamos notificando y planeando reuniones con las empresas de transporte para informarles los alcances del programa”.

Abregú, quien participó del encuentro, explicó que “aunque ya existen provincias que manifestaron su interés para aplicar la tarjeta, en Santiago del Estero no existen fechas concretas ya que su aplicación significaría un cambio de paradigma muy fuerte en la provincia”.

Asimismo, detalló que la tarjeta Sube “vendrá a solucionar muchos problemas, como el de la inseguridad, ya que los choferes no deberán circular con la recaudación en las unidades, sino que será a través de este dispositivo magnético”.

En lo referido a los alcances, Abregú indicó que “de acuerdo con lo manifestado por la Presidenta, su interés es que los beneficiarios directos sean los jubilados, los escolares y las personas que reciben la Asignación Universal por Hijos”.

En ese sentido, puntualizó que “el Estado subsidiará alrededor del 70 por ciento del boleto” y para ello ejemplificó que, en el caso de Santiago del Estero “el pasaje cuesta dos pesos, y la idea es que un jubilado abone solo 50 centavos, de esta manera las empresas recibiría $1,40 por parte del Estado”.

Los operadores del Sube consideran que no es descabellado pensar en la implementación en todo el país. Además, aseguran que permitiría obtener beneficios en economía de escala y amortizaría lo gastado en el procesamiento de datos.

Así el gobierno avanza en la aplicación de un sistema que tendría datos certeros respecto de la cantidad de boletos que se venden, información que hasta ahora sólo se conoce por declaraciones juradas que elaboran las propias compañías.