Allí dimos a conocer las declaraciones judiciales de los tres forenses que participaron de la autopsia, con sus contradicciones y hasta una diferencia de criterio que dejó sentada la forense Laura Gómez. Hasta el momento, en la Justicia nadie ha dicho "esta boca es mía" para investigar si hubo o no irregularidades o faltas graves en este caso.

Lo más irregular, quizá, sería que para hacerle una serie de hisopados no se habría esperado que la menor falleciera, algo que ya era irreversible, según la declaración del forense Luis Lucero Arienti, quien ante la juez natural del caso señaló que "sí, se le realizó, con hisopos se hizo hisopado vaginal y anal porque se sospechaba de un abuso para ver la presencia de células de la piel, espermatozoides, la jueza dio la orden y lo realizó Criminalística, todo en vida de Lara", mientras que el más antiguo de los forenses participantes, el polémico Ricardo Torres, contradictoriamente a su colega aseguró que se hizo "después de que falleciera".

Es algo más que lógico que se debería haber abierto un expediente para investigar qué ocurrió realmente en esa revisión que se le hiciera a Lara, previa a la autopsia, en la misma cama de Terapia Intensiva Pediátrica donde estaba siendo atendida por los médicos y enfermeros del Complejo Sanitario San Luis. Esto para saber si Lara tuvo su derecho a tener una muerte digna, o por el contrario no se le respetó.

Parece paradójico que nuestra Justicia actúe con una velocidad nunca vista en algunos casos y que parezca tan dormida en otros como este de Lara.

Como ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, se puede citar el reciente caso de la docente Romina García Hermelo por su lectura con sus alumnos del libro "Hay una chica en mi sopa". Ante la denuncia de una mamá -también docente- de una alumna de García, en menos que canta un gallo salieron a la luz públicas declaraciones -pocos felices por cierto- de la fiscal Sonia Fernández de Vargas condenando a la docente; además de un dictamen de la defensora de menores Torres Cappiello y una rápida recepción de los dictámenes por parte de la juez de Familia Viviana Oste -una de las jueces que renunció en forma anticipada y con la fecha en blanco en 2005-. Pero ninguna de las tres, ni ningún colega de ellas, dijo esta boca es mía ante el escrito publicado por Periodistas en la red, que seguramente es algo mucho más grave que lo del famoso librito.

Al parecer un libro que está en contra de los preceptos que inculca la fe católica en el mundo y que en San Luis tiene adeptos más que celosos en su resguardo, haría que el caso sea más grave que investigar si se dejó morir en paz a una menor de 2 años o por el contrario no se le respetó su derecho a la muerte digna.

En su declaración, los forenses señalan que lo hicieron por "orden de la juez Virginia Palacios Gonela", lo que lleva a la gran pregunta ¿Palacios Gonela ordenó que se revisara a la menor, con introducción de largos hisopos, sin esperar que falleciera?