A poco menos de cinco meses para las elecciones, es inevitable que cada paso en la Legislatura despierte intrigas y desate una andanada de versiones. Es el caso del proyecto que pretende modificar los límites territoriales de San Miguel de Tucumán y del departamento de Lules.

La iniciativa fue tratada en la sesión del 31 de marzo, pero a partir de los resquemores que arrancó entre legisladores del oficialismo, volvió a comisión. El texto se apresta para regresar al recinto en el encuentro previsto para el jueves 28. Sin embargo, las dudas sobre la finalidad del proyecto volvieron a apoderarse de los pasillos de la Cámara.

En rigor, la idea de que los barrios Miguel Lillo I y II; Policial IV y Del Buen Vivir pasen de la jurisdicción de la comuna de San Felipe y Santa Bárbara (Lules) a la de la capital, avivó la interna en el peronismo de la capital. El texto fue promovido por la oficialista Beatriz Avila, esposa del diputado nacional Germán Alfaro y principal operador político del intendente, Domingo Amaya.

Ávila repitió hasta el hartazgo que no habrá ningún beneficio electoral para su sector, porque la mayoría de los casi 4.000 vecinos que se sumarían a la capital ya tienen el domicilio en San Miguel de Tucumán. Como contrapartida, insistió en que se trata sólo de una medida para beneficiar a barriadas que actualmente carecen de servicios públicos esenciales, por estar lejos de la comuna de la que dependen e integradas geográficamente a la capital.

Sin embargo, la simple relación de nombres habría bastado para que algunos referentes territoriales del alperovichismo expresen por lo bajo sus reparos, ya que vislumbran que el alfarismo busca obtener un rédito político y electoral con la sanción de la ley. En esa línea se inscribirían, por ejemplo, los sectores de los legisladores Daniel Heredia, Carolina Vargas Aignasse, y los comandados por el titular del ente de Infraestructura, Rolando Alfaro, y por el diputado Gerónimo Vargas Aignasse.

Casos semejantes

Ramón Graneros, legislador por la sección Oeste, también expuso sus dudas. "Nadie discute la finalidad del proyecto, pero me parece un despropósito hacer una ley por cada situación particular, cuando en la provincia hay muchísimos casos semejantes", planteó el ex radical.

El referente de Participación Cívica recordó las discusiones respecto de los límites de El Manantial y de Yerba Buena, o de Campo de Herrera: está cerca de Bella Vista pero depende de Famaillá. "Tampoco sé si se hicieron las consultas como acordamos después de la última sesión; yo soy de la zona (Lules) y a mí no me invitaron a ninguna reunión. Además, la comuna de San Felipe y Santa Bárbara está intervenida (José León) y por muy eficiente que sea la gestión, el interventor no es de la zona. No tiene intereses allí. Los vecinos no tienen la culpa; ellos necesitan que les brinden servicios. Pero no me opongo por capricho; lo que digo es que se deben estudiar todas las situaciones en cada rincón provincial", añadió.

De la misma manera, Oscar Godoy recordó que, durante la anterior gestión, presidió la comisión especial de Ordenamiento Territorial. El peronista coincidió con Graneros en que este tipo de casos son frecuentes en el interior, aunque anticipó que acompañará el proyecto.

"No es un tema menor; si hoy la Legislatura no crea nuevamente esa comisión para ordenar las tierras de nadie, el Poder Ejecutivo tendrá que crear una dirección o ponerse a trabajar en el asunto", advirtió Godoy.