El escándalo por las torturas a las que eran sometidos los presos del complejo San Felipe de la Penitenciaría ya trascendió los límites provinciales. Ahora varios organismos nacionales e internacionales cuestionan la situación y se abocan a la investigar lo que pasó.

El procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, estuvo en Mendoza ayer para ocuparse del tema, pues una de las víctimas estaba a su cargo como “preso federal”. Ahora, esa institución podría ser parte acusadora en la causa penal que se sigue en la provincia. Entre los cuestionamientos mencionados por el funcionario está la mala formación de los recursos humanos encargados de la seguridad en las cárceles.

Además, la organización Amnistía Internacional exigió que se halle a los responsables y volvió a poner e Mendoza entre los lugares donde deben prestarse atención por la violación a los derechos de las personas privadas de la libertad.

Al mismo tiempo, la causa judicial avanza y quedaron detenidos otros dos agentes penitenciarios que pudieron ser identificados en los videos. Todos están imputados por las golpizas que proporcionaron a, al menos, dos personas. Pero tienen acusaciones distintas: a sólo dos se les achaca el delito de “torturas”, que no es excarcelable. Los nuevos detenidos fueron encontrados en San Martín y en Tunuyán.

Lo que cada vez está más en duda es la idea de “caso aislado”. Ya desde hace dos días los legisladores de la Comisión de Derechos y Garantías aseguraron que pondrían a disposición del Gobierno una larga lista de denuncias recibidas por familiares de detenidos donde se detallan malos tratos recibidos por los internos.

“No se puede hablar de un caso aislado. Los videos que hay son de épocas distintas, con distintos involucrados y en distintas situaciones”, aseguró el radical Néstor Parés, integrante de esa comisión.

Para el procurador Mugnolo, esas prácticas son habituales en las cárceles argentinas. “No me extraña el episodio que pasó porque es muy común. Las responsabilidades que puedan haber, de parte de aquellos funcionarios que no cumplieron su cometido, estarán en la Justicia”, opinó el funcionario, que podría sumarse a la causa como querellante.

Desde el Gobierno intentaron deslindar las responsabilidades políticas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), pues cuando se grabó uno de los videos las cárceles estaban bajo el mando de autoridades federales.

Pero desde ese organismo aseguran que no es tan así. Una nota publicada ayer en el sitio de internet del diario La Nación, asegura que desde SPF desmienten que el penal haya estado a su cargo: “En realidad, el sistema penitenciario mendocino nunca estuvo intervenido por el SPF. En cambio, conducía ese sistema un oficial superior en situación de retiro del Servicio Penitenciario Federal, que fue directamente designado por las autoridades de la provincia de Mendoza, de las que dependía”.

Más repercusiones

El escándalo se desató luego de que, casi de casualidad, se hallaran videos en un celular perdido por un guardiacárcel donde distintos grupos de agentes penitenciarios golpeaban a personas detenidas en el complejo San Felipe. Ese lugar aloja a jóvenes adultos, es decir a personas de 18 a 21 años de edad y que tienen buena conducta.

Desde Amnistía, volvieron a reclamar por el esclarecimiento de los casos de tortura y también pidieron protección para los testigos.

“Las autoridades nacionales y provinciales deben trabajar en conjunto para acabar con la violencia en las prisiones y deben asegurar que no habrá represalias contra aquellos prisioneros que hayan filmado y distribuido los videos”, sostuvo la experta de Amnistía Internacional sobre Argentina, Louise Finer, quien recordó que esa organización “ha denunciado en varias ocasiones las deplorables condiciones de detención en las prisiones mendocinas”.

Finer dijo que “los responsables de estos abusos a los derechos humanos deben ser llevados a la Justicia sin demoras” y manifestó que “las imágenes de guardias golpeando prisioneros son otro recordatorio de los problemas sistemáticos que existen en el sistema penitenciario argentino”.

El Gobierno trata de mostrarse activo frente al hecho y por eso anunció que sigue desafectando a más penitenciarios que pudieron tener algo que ver por “acción u omisión”. Pero por ahora no se ha responsabilizado a ningún funcionario político por la situación.

El otro tema que los mantiene atentos es la posibilidad de que aparezcan más denuncias por abusos en las otras cárceles. Pero también están atentos a la reacción de los propios guardiacárceles, muchos de los cuales se sienten afectados por las denuncias.