La iniciativa recupera un proyecto original presentado hace dos años y medio que pasó a la Cámara baja, pero que perdió estado parlamentario ya que nunca recibió tratamiento.

El proyecto establece una reparación económica para los derechohabientes de los muertos, calculada de la multiplicación por 200 del sueldo de

un agente clase A “0” del Estado nacional, que en la actualidad se calcula en 9.012 pesos mensuales. En tanto, los heridos graves recibirán el 70% de ese monto; y los heridos leves, el 60%.

La iniciativa también establece que la reparación será distribuida entre los herederos de las víctimas de acuerdo con el carácter de prelación establecido en el Código Civil.

Una de las autoras del proyecto, la justicialista puntana Liliana Negre de Alonso, consideró que “es un hecho lamentable que, después de tanto tiempo, las víctimas se encuentren recorriendo los pasillos de Tribunales y buscando una reparación luego de que en 2009 este cuerpo le diera media sanción, pero caducó en la Cámara de Diputados".

Negre mencionó que la indemnización es del doble que la pagada en el caso de las víctimas por la voladura de la Embajada de Israel en virtud de que se trata de una “reparación integral con reconocimiento del Estado nacional ante la ONU sobre su responsabilidad en la prevención, investigación y perjuicios”.

Por el contrario, la senadora del Frente Cívico de Córdoba, Norma Morandini, se manifestó en contra de la iniciativa al preguntar en el recinto: “¿Por qué vamos a hacer diferencias entre las víctimas? ¿En razón de qué vamos a hacer diferencias de las víctimas?".