El fiscal Mario Guerrero confirmó la denuncia hecha por directivos del hirpermercado Carrefour luego de ser advertidos de que los uniformados abandonarían su trabajo y luego habría saqueos.
El funcionario judicial confirmó la existencia de esa presentación al sitio local de Diario Junio, dando cuenta de que el episodio se podría interpretar como una amenaza e indicando que la Fiscalía ya ordenó al jefe de Policía la investigación del hecho para determinar la identidad de esas personas.
La denuncia, según los dichos de Guerrero, fue realizada el lunes a la noche, pasadas las 22, por Rodolfo Ángel Pérez y otro directivo de Carrefour.
Guerrero aseguró también que esas mujeres “le manifestaron a directivos del hipermercado que tenían el apoyo del obispo y que solo reclamaban lo justo, un sueldo digno para sus esposos”.
Guerrero, que también investiga los delitos cometidos por los policías sediciosos el 8 y 9 de diciembre, precisó que existe “una denuncia realizada por personal de supermercados Carrefour; donde manifiestan que un grupo de personas, mujeres concretamente, se hicieron presente en el día de ayer a manifestar que eran mujeres de funcionarios policiales y que querían poner en conocimiento que ellos iban a hacer un reclamo salarial, que iban a hacer una movilización hoy (por ayer), y otra mañana (por hoy); y que si no tenían respuesta del Gobierno la cuestión se iba a tornar más dura”
Según la denuncia, las mujeres le manifestaron al personal de la cadena de supermercados que “querían informar que no tenían nada que ver con los saqueos, si llegaba a haber. Y manifestaron que algunos funcionarios (sus maridos) iban a dejar de prestar servicios” en caso de endurecerse la protesta
Para Guerrero, “de acuerdo al contexto que estamos viviendo podría ser una amenaza a través de una manifestación que pude ser interpretada como coactiva” y destacó que la fiscalía tomó la denuncia y la policía está ahora haciendo averiguaciones “para determinar quienes son estas personas”.
Según estima el funcionario judicial: “Internamente la situación está controlada y no hay motivos como para que termine esto en algo grave” Los medios de comunicación de Concordia dan cuenta de la importante presencia policial en la ciudad, además de la información extraoficial sobre la llegada a Concordia de una dotación del grupo Albatros de Prefectura.
Comerciante agredido
La noche del 8 de diciembre, cuando los policías tomaron la Jefatura de Concordia y dejaron zonas liberadas a los saqueadores, Alberto Bertoldi y otros comerciantes de la peatonal fueron a la Jefatura Central a dialogar con los acuartelados, y allí fueron agredidos.
Bertoldi, recuerda que en ese momento pidió tranquilidad se puso a hablar con algunos de los policías: “Uno de los policías me dijo que nosotros los comerciantes teníamos que ver cómo podíamos intermediar para resolver el problema que ellos tenían”.
Luego de que el presidente del Centro Comercial -Walter Kleiman- se negara a acompañarlo, fue “con otros tres o cuatro comerciantes”.
“Cuando llegamos había 200 personas afuera (...) Me acerco al policía que estaba en la puerta, me pareció una persona seria y le dije que nosotros éramos comerciantes y que queríamos hablar con alguna autoridad de la policía con respecto a lo que estaba sucediendo”.
El comerciante recordó que ese policía comenzó a explicarle el reclamo que estaban haciendo y le dijo que había una negociación en vista. “En ese momento siento un golpe , una patada en las piernas y un golpe en la nuca, y escucho que dicen que nos fuéramos de ahí. Siento otro golpe y una cubierta que vuela y me pega en la cabeza, entonces empiezo a retroceder, nos agrupamos los comerciantes y comenzamos a ir para atrás, había un policía que intentaba golpearnos que llevaba en una mano una mochila y en la otra una caja de vino”, describió Bertoldi.
Para Recalde, “los acuerdos con las policías son nulos”
El diputado nacional Héctor Recalde aseguró que los acuerdos que distintos gobernadores firmaron con las policías provinciales son jurídicamente de “nulidad absoluta” porque fueron realizados en medio de una “sedición”.
“La sedición de algunas policías provinciales hace a los acuerdos nulos de nulidad absoluta por vicio de la voluntad. Por supuesto, esto es una conceptualización jurídica de lo que pasó, después cada gobernador hará lo que la realidad le permita hacer, pero yo estoy de acuerdo con aquellos gobernadores que están planteando una readecuación de los acuerdos”, explicó el legislador kirchnerista.
Para Recalde, “hay que separar la paja del trigo: el reclamo salarial siempre es justo, acá lo que estamos cuestionando son los métodos, sobre todo tratándose de la policía”.
“Ningún dirigente sindical pueda tomar en serio un aumento del 50% de la policía, como pasó en algunas provincias”, enfatizó.
Recalde vaticinó que las paritarias de este año “no aumentarán la conflictividad social”. “Más allá de la alarma y los gritos, las paritarias van a concluir, y esto pasa ya desde hace mucho tiempo, con la misma escasa conflictividad que hubo en los últimos años. Tal vez el año pasado con un poco más de espectacularidad debido a las elecciones”, evaluó.
Para Recalde, “el dirigente sindical sabe que por más que reclame lo que la cámara empresaria no puede dar difícilmente lo obtenga y los empresarios saben hasta cuándo pueden acordar”.
Preventiva para ocho efectivos en Tucumán
El juez de feria Víctor Rougés dispuso la prisión preventiva de los ocho policías acusados de presunta sedición y otros delitos perpetrados durante la protesta salarial de la fuerza que derivó en saqueos a comercios y viviendas en diciembre pasado en Tucumán. La medida alcanza a Diego Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel Chaile, Pablo Pérez, Sergio Hogas, Federico Castro, Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia Bedmar.
El pedido fue elevado por los fiscales de Instrucción Adriana Gianonni (de la VIII Nominación) y Washington Navarro Dávila (en reemplazo de Diego López Ávila, de la IV Nominación), quienes llevan adelante la investigación.
Según los investigadores, hay fotos, filmaciones, testimonios y actas que demostrarían la participación de los acusados en un supuesto “alzamiento en armas contra el poder público provincial” para conseguir que el gobierno acepte sus reclamos. Rougués deberá resolver en las próximas horas la situación de más de 90 detenidos acusados de haber participados en los saqueos.
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