Saber que un médico denuncia puede alejar a otras mujeres, que corren riesgo de muerte por un aborto realizado en condiciones insalubres o con métodos precarios, de un centro de salud para proteger su vida. El estudio del Cedes muestra que en el mismo período –el año 2007–, 16 causas iniciadas contra mujeres acusadas de someterse o consentir un aborto llegaron a juicio y no hubo ninguna condena. Es decir, las denuncias no tienen otra función que amedrentar a la mujer denunciada.

Los datos pueden tener otra lectura también: son una minoría, finalmente, los médicos porteños que llevan a sus pacientes a la Justicia, tras conocer que habían abortado en el marco de la consulta. En 2007 hubo 6545 internaciones por complicaciones por abortos en los hospitales públicos, según las estadísticas oficiales recogidas por el Cedes, es decir, las mujeres denunciadas fueron apenas el 2,2 por ciento del total que demandó ayuda médica. Pero la amenaza de una denuncia y una posible condena persisten. Las consecuencias de los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna hace más de veinte años. ¿Es el sistema penal el que debe dar respuesta a un problema de salud pública? No. Cada año, alrededor de 500 mil mujeres recurren, por distintas circunstancias, a una interrupción voluntaria del embarazo en el país, según estimaciones oficiales. Muchas quedan con lesiones gravísimas en su aparato reproductor, algunas mueren. ¿Qué legislador está convencido de que esas 500 mil mujeres deben ser encarceladas cada año? Imaginemos ese escenario. Es muy probable que entre ellas, tuviera que ir presa alguna hija, prima, nieta, esposa o sobrina, de varios diputados y senadores. Pero son pocos los que han levantado la voz en el Congreso para romper con la hipocresía que implica mantener la criminalización del aborto. ¿Cuánto tiempo pasará para que sean mayoría?