El conflicto entre vecinos de un barrio de Paraná llevaba más de tres años en la Justicia. Una mujer (SGR) estaba cansada de los maltratos y las burlas cada vez que iba a visitar a su madre. Un día denunció al vecino (JMA), quien terminó procesado por el delito de Amenazas. Finalmente, ambos dialogaron, la mujer lo perdonó con la condición de que cesen los actos molestos del hombre y su familia, y la causa se cerró con el sobreseimiento del acusado.

El acuerdo previo lo habían realizado la fiscal de la causa, Laura Irene Cattáneo, y la defensora oficial María Fernanda Álvarez. “Resulta auguroso poner en práctica todos los medios disponibles para solucionar el conflicto penal por medio de soluciones alternativas a la pena”, sostuvo la fiscal en el pedido de audiencia para la conciliación, y agregó que “el hecho no revistió una alarma social importante”.

Así fue que tanto el acusado como la denunciante se volvieron a ver las caras en Tribunales; fueron citados a la reunión en el Juzgado Correccional Nº 2, a cargo de Daniel Malatesta. En esta instancia, la señora expresó que no tendría ningún problema en conciliar, pero aclaró que solo bajo la condición de que el hombre se comprometa junto a su familia a evitar actos molestos y burlas hacia ella cuando vaya a visitar a su madre.

Por su parte, la defensora manifestó que el procesado estaba dispuesto a arribar a una conciliación para evitar en el futuro se eviten este tipo de conflictos.

En la misma audiencia, la fiscal Cattáneo le pidió al hombre que tome con seriedad el espacio de diálogo brindado, para que de ese modo también comparta con sus familiares el compromiso de evitar nuevos conflictos de este tipo.

Una “respuesta civilizada”

El juez Malatesta sostuvo en la sentencia que “el presunto evento criminal acaeció hace casi tres años y no produjo una alarma social importante, en el marco de una disputa entre vecinos, incapaz de conmocionar significativamente la vigencia de la norma”. Y recordó que el conflicto había pasado por una instancia de mediación municipal anteriormente, en la cual no se llegó a un acuerdo entre los vecinos pero sirvió como precedente para ir perfilando un acuerdo, como el que se llegó en la conciliación.

El magistrado destacó además las “negociaciones previas” entre las partes, “indispensables para arribar a la audiencia donde las partes pudieron reanudar el diálogo roto por el conflicto y así llegar a una solución del entuerto o, al menos, tomar conciencia que no es función de la Justicia Penal solucionar un problema como este”.

Además, Malatesta remarcó que “después de tres años de realizada la denuncia, la víctima todavía no encontró una respuesta adecuada al conflicto y se vio forzada nuevamente a transitar los estrados tribunalicios”. Por ello, se evidenció que la “respuesta más civilizada y racional fue la audiencia efectuada pues en ella, la señora R. pudo encontrarse con el imputado A. y retomar un diálogo perdido entre los vaivenes de un expediente que lleva tres años de trámite”.

Finalmente, el juez dictó el sobreseimiento de JMA por el delito de amenazas, y declaró cerrada la causa. También en el fallo sugirió a las partes “reencauzar las ocasionales desavenencias que persistan actualmente y que entorpezcan la buena relación de vecindad, mediante el diálogo civilizado o la concurrencia al Centro de Mediación Municipal”.

Muchos involucrados

En los fundamentos de la sentencia, el juez Malatesta se refirió a que “el conflicto vecinal obedece a la complejidad de las interacciones que existen en la trama social”, y en muchos casos “no está claro que la conducta desplegada caiga bajo una sanción penal o donde la ausencia de pruebas anticipa el fracaso del proceso penal”.

En este sentido, el magistrado sostuvo: “Tan es así que en la presente situación, si bien hay un imputado identificado y procesado, no deja de ser cierto que hay un contexto de personas involucradas (familiares de la víctima y del procesado) quienes indirectamente también contribuyeron a la escalada del conflicto”.