Sorpresivamente, el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) rescindió el contrato de prestaciones para el primer y segundo nivel que mantenía con la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC), que dejará de percibir unos 700 mil pesos por mes. No hay razones claras que fundamenten la decisión del organismo que brinda cobertura de salud a los docentes, la policía y el universo de empleados estatales de la Provincia.

IAPOS adoptó la Resolución G Nº 046, que lleva la firma de su director, Miguel González y que entrará en vigencia el próximo 1º de abril, en forma unilateral “sin justa causa”, según lo indicó en la notificación enviada a la entidad médica. De todos modos, hizo uso de la cláusula décimo séptima incorporada en el convenio vigente que faculta a cualquiera de las partes a interrumpir el contrato con la única exigencia de notificar la medida con 30 días de anticipación.

El titular de la AMDC, Jorge Romero Hiriart, convocó junto a integrantes de la Comisión Directiva, a una conferencia de prensa para informar públicamente sobre la disposición de la obra social y, además mantuvo anoche una reunión ampliada con los médicos donde se analizaron los escenarios a futuro. “Decretamos un estado de movilización permanente de nuestros asociados médicos”, anunció para reflejar la gravedad de la situación.

“El IAPOS rescinde el contrato sin justa causa, lo que nos parece anómalo. Se basa en resoluciones de la Inspección General de Personería Jurídica, que solicitaba la intervención y liquidación desde hace mucho tiempo de la Asociación Médica y que fueron desestimadas oportunamente por la Justicia”, explicó Romero Hiriart. Agregó que en los considerandos “se plantean conductas de holdings por parte de la AMDC pero que fueron revocados por fallos de la Cámara de Apelación en lo Civil, Laboral y Comercial”.

Además, el titular de la organización médica señaló que “en los fundamentos de IAPOS se hace referencia a los tiempos para modificar cuestiones internas, aunque no se respetaron esos plazos otorgados, y habla de exigencias de cambios ordenados por la IGPJ, los que se fueron realizando”.

Romero Hiriart admitió que en el proceso de constitución del Centro Asistencial Sociedad Anónima (CASA), el sistema prepago ligado a la AMDC, “lo único que tiene demora para terminar el trámite es que el Registro Público de Comercio pone reparos para la inscripción definitiva porque hay socios que tienen causas menores relacionadas, principalmente, a divorcios”. Por eso el organismo “exige la presentación de las actas de divorcio de 78 médicos socios de CASA”.

En todos los departamentos de la Provincia IAPOS mantiene contratos con las gremiales médicas para el primer nivel, que comprende la atención ambulatoria (la consulta médica) y la práctica de algunos estudios de menor complejidad, como una radiografía o electrografía. “El convenio entre AMDC y IAPOS data de 1994 y nunca hemos tenido problemas, inclusive hay cláusulas en las que se garantiza que el primer nivel de atención se firmará con las gremiales médicas, lo que es muy importante y sin embargo ahora advertimos que nos rescinden el contrato sin justa causa”, afirmó Romero Hiriart.

En lo que hace al segundo nivel, que contempla internaciones, está bajo administración del Policlínico Rafaela, una empresa ligada a la gremial médica en la que trabajan 53 personas.

Romero Hiriart estuvo acompañado por Norberto Williner, Gerardo Beceyro, Daniel Marfortt y Horacio Antonetti, quienes coincidieron en cuestionar al IAPOS por tomar una medida con consecuencias muy graves para los afiliados en general y para la gremial médica y el Policlínico en particular.

“Nos encontramos ante estas cuestiones con la sensación de que estamos totalmente indefensos. No podemos recurrir a nadie, no podemos hacer nada”, enfatizó Romero Hiriart dejando entrever alguna maniobra de carácter político en contra de la institución. “Todo es contradictorio. No podemos individualizar las responsabilidades. Lo único que vemos es una resolución del director de IAPOS”, se lamentó.

De alguna manera, la AMDC se siente perseguida, pues esta rescisión contractual se suma a la sentencia de la Justicia federal de liquidar la Mutual de la entidad, que hasta antes de ser intervenida mostraba indicadores óptimos. “Se mueven muchos intereses personales, profesionales, empresariales y políticos detrás de todo esto. Pero no tengo la posibilidad de identificar responsabilidades o actores”, reflexionó el dirigente.

Asimismo, reconoció que con esta resolución se afectará la libre elección de unos 20 mil afiliados de IAPOS, desde niños hasta jubilados, en todo el Departamento, mientras que la AMDC perderá ingresos por 600 mil pesos mensuales y el Policlínico otros 100 mil.

Williner, en pocas palabras, advirtió cuan grave es el escenario. “Es de tal magnitud este contrato, tanto para la Asociación Médica como para el Policlínico Rafaela, que su rescisión compromete económicamente a las dos instituciones donde trabajan cien familias. Esta medida se ha tomado con descuido y liviandad”, remarcó.

Romerto Hiriart viajará hoy a Santa Fe para efectuar una serie de gestiones que permitan suspender la aplicación de la medida. En tanto, los empleados de la AMDC –afiliados al gremio de UTEDYC- analizaban anoche la posibilidad de movilizarse en defensa de sus puestos de trabajo, una protesta que de llevarse a cabo contaría también con la participación del personal del Policlínico y de los profesionales médicos.