Mientras esperan que el gobierno les responda la propuesta para que la provincia les alquile un local por tres años, cosa que está previsto que hoy suceda, ayer, los vendedores ambulantes insistieron con su iniciativa para que la Intendencia de la capital tucumana impulse una ordenanza que les permita vender de mano en calles del macrocentro. Fueron recibidos por el coordinador de la Secretaría de Gobierno, Carlos García Macián, quien afirmó que el planteo va en contra del fallo judicial de 2006, que obliga al Municipio a erradicar la venta callejera de la vía pública.

La comisión de los puesteros, encabezada por el dirigente Claudio Robledo, pidió una audiencia con el intendente, Domingo Amaya, quien se encuentra de vacaciones.

Además, anunciaron que el martes de la próxima semana, presentarán el proyecto de ordenanza para que puedan trabajar sin puestos fijos y fuera del corazón comercial de la ciudad. Al mismo tiempo, manifestaron que esperan ser recibidos por Jefe del Ejecutivo municipal, quien se reintegrará a sus funciones por esos días.

Al término del encuentro, Robledo señaló que no volverán a insistir con la intención de vender en las calles, mientras dure esta instancia de negociación. "La reunión fue positiva. Es bueno que se haya recuperado el diálogo", destacó. García Macián, por su parte, deslizó que es difícil que prospere la propuesta anunciada por los ambulantes. "En principio, no es un problema de ordenanzas. Hay un fallo de la Justicia que nos obliga a erradicar la venta callejera y que se debe respetar", remarcó.

El miércoles, el gobierno y los ambulantes acordaron un compás de espera hasta hoy, a las 11, cuando habrá una respuesta del Gobierno respecto de la posibilidad de alquilarles alguno de los dos locales propuestos por los cuentapropistas, ambos ubicados en calle 24 de Septiembre al 200, en la vereda opuesta a la Basílica de La Merced, en El Bajo.

En principio, el PE estaría de acuerdo en facilitarles el dinero para costear el alquiler de un local durante tres años, que es el plazo legal mínimo para los contratos de locación comercial.

"El local que proponen en principio reuniría los requisitos exigidos por el Gobierno, es decir que tiene hasta 2.000 metros cuadrados, y solicitan que el pago del alquiler por parte del Estado sea el mínimo requerido por ley para los alquileres comerciales, que es de tres años", indicó la secretaria general de la Gobernación Vargas Aignasse.

Robledo informó que los dos locales que propusieron al Poder Ejecutivo en calle 24 de septiembre 220 y 260, respectivamente, tienen todas las condiciones que exige el Gobierno, con unos 7 metros de frente y 60 o 70 metros de largo. Según el dirigente, por las dimensiones de esos inmuebles quizás no entren los 300 trabajadores que están junto al Sivara, pero sí la mayoría. "Por eso, para los que no puedan entrar a este local, es que solicitamos que se permita la venta de mano, fuera del núcleo del microcentro, y pagando un monotributo social y un canon municipal", insistió. Por otro lado, Robledo confirmó que no venderán en el microcentro mientras dure la tregua acordada con el PE. "Vamos a marchar pacíficamente, pero hasta el viernes no vamos a trabajar. Queremos dialogar para encontrar una solución y volver a trabajar", manifestó.