La federación ambientalista que impulsa el cierre de la planta de Pacará Pintado reclamó a la Justicia que trabe un embargo de casi $ 11,5 millones a la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, a fin de garantizar que se haga efectiva la clausura del centro de disposición final de la basura del área metropolitana.

Tal como dio a conocer LA GACETA, el miércoles, los vocales de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Avila, ordenaron el cierre de Pacará Pintado, al concluir que las actividades en ese predio sí contaminaron el medio ambiente.

En la sentencia Nº 309/10, los magistrados revocaron un fallo de primera instancia, mediante el que se rechazaba una acción de amparo colectivo interpuesta en 2007 por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Tras la apelación, los camaristas resolvieron hacer lugar al amparo y, en consecuencia, ordenaron el cierre inmediato del vertedero. A su vez, ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en la planta en un plazo de ocho meses desde el momento en que la sentencia quede firme. Igualmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar.

Marcha atrás

Sin embargo, el jueves, los vocales Avila e Ibáñez firmaron un fallo aclaratorio de la sentencia rubricada 24 horas antes. En la resolución, ratificaron la orden de clausura de la planta, pero permitieron a la empresa que presente en un plazo de 10 días un "plan de cierre y disposición final de los residuos sólidos urbanos". De esa manera, no sería necesario que se retiren los residuos depositadas (la empresa habla de 19 billones de kilos).

Los ambientalistas, con el patrocinio del abogado Javier Navarro Muruaga, promovieron una medida cautelar urgente. "Probada la contaminación que produce la planta, y habiéndose tomado una decisión judicial que la conmina a la empresa a desahacerse de los residuos acumulados, se hace urgente y necesario -a los efectos de no tornar ilusorios los derechos colectivos de la población y la condena dictada- garantizar el efectivo cumplimiento de un plan de cierre de la planta y el traslado de los desechos a un predio apto", advirtió.

Según el abogado, no existen garantías de que la empresa cumpla efectivamente con la condena. "De hecho, la sentencia en cuestión da cuenta de los innumerables incumplimientos en que ha incurrido la empresa ante las inspecciones, auditorías y resoluciones de los organismos privados y estatales que le exigían el cumplimiento de recaudos, obras de infraestructura y adecuación a ciertas técnicas", añadió.

Para establecer el monto del embargo ($ 11,5 millones), la federación ambiental advirtió que la concesionaria percibe del Estado $ 1,5 millón mensual por el servicio y que en la planta debe haber más de 1 millón de toneladas de basura. Y estimó que para trasladar los desechos harían falta 33.300 viajes.