El Intendente desligó al municipio por las irregularidades en el SUTRAPPA y cargó contra los titulares de taxis con credenciales falsas. Por otro lado, confirmó sanciones contra empleados de la DIPSA.
"En el SUTRAPPA no encontramos documentación (que confirme actos de corrupción), en los taxis hay delincuentes que tienen licencias truchas, todos los días estamos secuestrando vehículos", disparó el jefe comunal, en rueda de prensa, durante una actividad oficial.
Según comentó Amaya, "a los taxis ilegales se les aplica 15 mil pesos de multa, 60 días de secuestro y se los desmantela como taxis, para denunciarlos correspondientemente en la Justicia".
El escándalo de la DIPSA
En otro orden de temas, Amaya confirmó que los dos inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental involucrados en una estafa contra una empresa local, mediante una triangulación para el pago de impuestos, fueron separados de sus cargos hasta que concluyan las investigaciones. "Espero que esta gente no tenga nada que ver, que sea una cuestión del sector privado, y si no es así, se aplicará toda la fuerza de la ley que corresponda", advirtió el jefe comunal, en declaraciones a la prensa.
Tal como viene informando EL SIGLO, el último martes el fiscal Washington Navarro Dávila encabezó un allanamiento en las oficinas de la DIPSA, luego de que una empresa denunciara que dos empleados de la repartición oficiaron de gestores para la cancelación de una deuda tributaria por más de un millón de pesos.
Conforme la demanda, los empresarios entregaron a estos inspectores, a través de un empleado de la firma que ofició de nexo y que también estaría implicado en la maniobra, varios cheques y dinero en efectivo, pero los fondos nunca fueron depositados ante la Dirección de Ingresos Municipales.
La firma se dio cuenta de la estafa al recibir una intimación judicial de esa última repartición por la falta de pago de dicha deuda, correspondiente al Tributo de Emergencia Municipal (TEM), por lo que acudió a la Justicia.
Paralelamente, el municipio presentó una demanda penal contra estos dos inspectores, hoy separados de sus cargos.
Amaya dijo que "la empresa damnificada tiene que hacer todo lo que tenga que hacer, y nosotros lo atendimos desde el primer momento que mostraron las cosas".
El jefe comunal volvió a aconsejar "a los contribuyentes, a todos los vecinos, que tienen que pagar sus tributos en los bancos debidamente autorizados que son Banco del Tucumán, Caja Popular y Banco de Santiago, no hay que ir otro banco". "En este caso fue a otro Banco, eso tendrá que ver la empresa con el otro Banco", explicó y puntualizó que en materia de control "la auditoría es permanente por parte de Contaduría General Municipal". A continuación, Amaya expresó: "Ahora, ¿el comportamiento externo cómo se audita?, salvo que existe una denuncia del sector privado, es imposible, por eso pedimos al sector privado que denuncie cuando sucedan este tipo de cosas".
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