De cara a las elecciones, el intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, continúa mostrando sus diferencias con el alperovichismo. 

Según publica el diario La Gaceta, esta vez, el Jefe Comunal se mostró a favor de que la Legislatura trate una Ley de Ética Pública, ya que Tucumán es una de las 12 provincias que no permite el acceso a declaraciones juradas.

“La ciudadanía pide una Ley de Ética Pública. Pero los legisladores verán qué resuelven ellos”, sostuvo en declaraciones al matutino. Asimismo, destacó la “transparencia” de su gestión. “La bancarización de nuestras cuentas habla a las claras que todo lo que tributa el vecino va a los bancos”, apuntó.