Pese a que en la sesión extraordinaria que tuvo lugar esta semana se aprobó la elevación de dos pedidos de informe al Ejecutivo local, el concejal del peronismo disidente Eduardo Amalvy afirmó que no tiene confianza en que el intendente del distrito, Martín Insaurralde, vaya a responder a las necesidades planteadas por los vendedores ambulantes que fueron desalojados y a la falta de control sobre las construcciones que emplean trabajadores en negro.

En cuanto a los vendedores que estaban ubicados en la estación de trenes y sus inmediaciones, lamentó que se haya tomado la determinación de echarlos de allí ya que, según él, se trata de comerciantes que llevaban a cabo esta actividad desde hace varias décadas, e incluso desde hace varias generaciones.

“Es una injusticia porque son vendedores que en muchos casos trabajan desde hace treinta años, o que son hijos de vendedores; en su momento, años atrás, se buscó ordenar esta actividad y se logró un acuerdo con 140 vendedores ambulantes. Lo mismo hay que lograr ahora”, comentó en diálogo con Info Región.

Sostuvo que Gendarmería Nacional se encargó de desalojarlos pero que cuando pasen las elecciones generales de octubre esta fuerza ya no va a estar trabajando en el lugar, y que entonces muchos vendedores ambulantes van a ocupar las calles, pero que no serán estos los que fueron desalojados recientemente.

Si bien se manifestó a favor de todas las medidas que se tomen para mejorar la seguridad de los ciudadanos del distrito, sostuvo que la inseguridad sólo se combate a través de la inclusión social y no, al menos solamente, con la incorporación de más efectivos policiales o gendarmes.

“Tengo la visión de que esto no se soluciona con la fuerza, y estoy absolutamente seguro de que el día que Gendarmería no esté más, que fue la fuerza con la que se los desalojó, en seis o siete meses cuando pasen las elecciones y se vayan, vamos a tener un serio problema porque en las calles van a estar vendiendo cualquiera menos está gente”, declaró.

Por otra parte, sobre los sucesos denunciados por varios ciudadanos acerca de la muerte de dos obreros de la construcción que se encontraban trabajando en negro, en obras dentro del distrito, le atribuyó al municipio la responsabilidad exclusiva de controlar cómo se llevan a cabo las obras.

“Lo que pasó con los trabajadores demuestra que hay un total desprecio por la vida humana, por el trabajador, que se privilegia el capital y el dinero por encima de la vida y que hay toda una convivencia del poder político y del capital, lo cual está a las claras”, disparó.

Añadió sobre este punto que las 400 obras que hay en el municipio sólo 136 fueron inspeccionadas, lo cual arrojó un resultado de 1500 trabajadores empleados en ellas, de los que 1127 se encuentran en negro, es decir, sin ningún tipo de beneficio social, no declarados ante la ley.

Consideró que la responsabilidad de controlar este tipo de situaciones no es del sindicato ni del Ministerio de Trabajo sino del Ejecutivo comunal.

“No hay inspección por parte del poder municipal sobre el tema de seguridad en las obras, y esto es responsabilidad del estado municipal, no es cuestión ni de los gremios ni del ministerio de Trabajo. El que diga lo contrario que aprenda un poco de derecho municipal”, dijo.

En cuanto al comienzo del período de sesiones ordinarias que se llevará a cabo hoy, afirmó que “no hay expectativas” ya que, para él, la presente gestión no hará cambios en su forma de gobierno.

“En este gobierno no tengo expectativas, creo que va a ser más de lo mismo, falta de diálogo, no participación, porque todo el tiempo nos están cargando, no me parece que esto cambie. Pero de lo que sí estoy seguro es que va a haber mucha más mediatización de la figura política del intendente pero de fondo nada, mucho maquillaje y mucha pinturita al distrito, aunque de fondo nada”, concluyó.