El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Junín, José Alvite Galante, afirmó en una entrevista con DEMOCRACIA que “bajar la edad de imputabilidad de los menores” que cometen ilícitos “no resuelve el problema”, en medio de la polémica generada estos días, tras el asesinato de un hombre en La Plata, a manos de un chico de 15 años.

Para el fiscal, la ley que existe en la provincia de Buenos Aires “es una buena base”, que puede ser perfectible, pero que brinda herramientas a los jueces para que el chico que comete un delito pueda quedar detenido.

“Existe en nuestro Código Penal lo que llamamos ‘medidas de seguridad’, que los jueces pueden disponer por tiempos prudenciales, respecto de aquellos menores que sin ser punibles, atraviesen circunstancias que los coloquen ante un estado de Vulneración de Derechos, y ciertamente, casos como la reiteración delictiva, o la grandes adicciones ameritan la disposición de esta cuestión”, explicó Alvite Galante.

Y profundizó: “Es cierto que los jueces resultan particularmente renuentes a aplicar este tipo de disposiciones, en virtud de que la dogmática jurídica critica a las medidas de seguridad al considerar que revisten encubiertamente una pena, cuando en realidad no son penas, sino medidas de seguridad. Claro, tienen razón en el planteo, pero a veces existen situaciones particulares que deben resolverse en lo inmediato”.

“La Provincia cuenta con una ley de procedimiento Penal Juvenil, que es la Ley 13. 634, que sin lugar a dudas es la más moderna del todo el país, y me animo a sostenerlo, porque me he dedicado personalmente a estudiar la situación de otras Provincias y verdaderamente nuestra ley esta a la altura de los estándares internacionales en materia de protección de Derechos del Niño, y eso es un punto a destacar”, afirmó.

La Provincia, al establecer el Fuero Penal Juvenil, acompañó la puesta en marcha del mismo con toda una ingeniería de instituciones y organismos que trabajan en conjunto tratando de acompañar al menor.

“La idea no es sólo juzgarlo (cosa que se hace) sino también brindar oportunidades y estrategias para mejorar su situación”, señaló.

Y agregó: “Nosotros desde el ámbito penal trabajamos en conjunto con los servicios locales de Protección de los Derechos del Niño, quienes a su vez se encuentran auxiliados y coordinados por los Servicios Zonales y Centros de Referencia”.

En esta línea, el magistrado comentó que en nuestra ciudad existen Casas de Alojamiento para Menores con regímenes especiales y que se trabaja de modo coordinado con los Centros Preventivos de Adicciones (CPA).

“Cada vez que recibimos a un menor y advertimos problemas de adicciones, hacemos el nexo con el CPA, entregamos folletos con información y charlamos humanamente, no como profesionales, sino como personas comunes y sencillas que somos, porque gracias a Dios quienes trabajamos en esto, creemos en lo que hacemos y lo hacemos con afecto; hace mas de dos años que estamos en turno permanente, es decir, sin descanso”, afirmó.

“Estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14, pero para que el menor tenga derecho a un debido proceso”, sentenció el funcionario judicial. Y agregó: “En cambio hoy, los menores de 14 o 15 años al ser inimputables no pueden ejercer el derecho de defensa en juicio, porque para ellos no hay juicio, entonces pueden terminar víctimas de una medida de seguridad por tiempo indefinido”.

Necesidades básicas

Para el fiscal, el caldo de cultivo del delito son las necesidades básicas insatisfechas. “Si el Estado hubiese estado presente cubriendo esas necesidades desde antes, ¿hubiesen violado la ley esos chicos?”, se preguntó.

“La función no es que el menor pague por su error, sino que pague y que se reinserte en la sociedad. Al no tener moldeado el carácter, te permite trabajar y subsanar esos problemas de conducta”, afirmó.

“Muchos chicos que han caído por un robo y hasta han estado privados de su libertad, luego de estar en una Casa de Contención, con las cuatro comidas, haciendo deportes, yendo a la escuela, han salido adelante y después siguen yendo para seguir integrando el equipo de fútbol”, señaló.

“El problema más frecuente son los núcleos familiares desintegrados, con problemas de adicciones, desempleo, alimentación, problemas socioeconómicos, cinco o seis chicos, sin laburo”, contó.

“El tema es qué se hace con eso. Además de que entienda que cometió un delito, hay que indagar en las causas que llevaron a esa persona a violar la ley, porque sino va a volver a reincidir y la cadena no se corta nunca. Si no trabajamos en las causas vamos a generar futuros adultos que van a seguir por el camino del delito”, remarcó.

Por otra parte, el funcionario subrayó que el menor que queda en libertad, “sale con pautas de conducta, horarios, no consumo de drogas, la obligación de asistir al CPA si tiene adicciones, al centro de referencia, el certificado de escolaridad”. No obstante, señaló que en los casos de robos calificados solicitan la prisión preventiva.

“La Provincia se está preocupando, no se queda dormida. Nosotros no teníamos un juzgado de garantías del joven, y este año va a entrar en funcionamiento en nuestra ciudad (controla la legalidad del proceso penal), y se va a abrir otra fiscalía. Va a haber un juez especializado en menores”, celebró.