Por no ejercer la autoridad a tiempo, los problemas que comienzan como episodios disciplinarios terminan convirtiéndose en asuntos políticos. Esto implica que el poder real comience a desplazarse hacia estos estudiantes tiránicos, con la inevitable prolongación del desatino.
Estos piquetes colegiales, que tiranizan a otros estudiantes tan alumnos como ellos, gozan de los favores de ciertos adultos con complejos de culpa. Desde el ministro de Educación hasta algunos periodistas nostálgicos, son muchos los que celebran la exaltación de la participación y de la democracia inorgánica que realizan los insurrectos aunque, previsiblemente, aclaren que no estén de acuerdo con la metodología utilizada.
Es como si tomar colegios fuera algo épico, un ejemplo de escolares con conciencia de clase dispuestos a hacer justicia frente a una sociedad eminentemente injusta y gobiernos cómplices con tal iniquidad. Hasta la propia denominación de “chicos” con que se nombra a los protagonistas del alboroto denota la justificación latente, el guiño implícito de quienes deberían ejercer la autoridad ante estas tonterías que sublevan el buen juicio. Si son chicos, pues que no hagan cosas de grandes o, al menos, que no se arroguen representaciones que no tienen, tal como suelen hacer los adultos que supuestamente no los comprenden y cuyos vicios dicen querer superar.
El día que el asambleísmo se enseñoree en las aulas, la educación pública habrá perdido la batalla.
Es obvio que las tendencias que sustentan estos desatinos subyacen a toda la sociedad, no solamente en los ámbitos estudiantiles. Vivimos en tiempo de conductas relativistas, de desconfianza al poder establecido. Así, como la autoridad es un concepto en desuso, vetusto, nadie se anima a ejercerla. No importa que quienes la detenten sean sus depositarios legítimos, elegidos mediante votaciones libres y cuyo ejercicio se encuentre normado por leyes sancionadas con arreglo a la Constitución. Pareciera que esto no fuera relevante de ningún modo. La consecuencia es la inacción pública, un conjunto de funcionarios-espectadores de los sucesos que se desarrollan frente a sus narices, más preocupados en racionalizar este tipo de atropellos que en solucionarlos de una buena vez. “Dialogar”, “acordar”, “consensuar” son los vocablos preferidos de esta nueva raza de administradores adocenados, convenientemente prevenidos por ciertas líneas periodísticas.
Por no ejercer la autoridad a tiempo, los problemas que comienzan como episodios disciplinarios terminan convirtiéndose en asuntos políticos. Esto implica que el poder real comience a desplazarse hacia estos estudiantes tiránicos, con la inevitable prolongación del desatino.
Ahí tienen a las marchas estudiantiles cooptadas por la izquierda, ATE, Barrios de Pie, Pueblos Originarios y quién sabe qué otras organizaciones electoralmente insignificantes pero que, sin embargo, se cuelan en cualquier protesta para foguear sus cuadros y mantenerse en el pleistoceno ideológico. Ahí tienen esas asambleas desmadradas, donde el disenso es mal visto y donde sólo ganan los exaltados. Ahí tienen la trampa de esos diálogos de sordos, en la que caen hasta el vicegobernador, tratando de explicar que la ley de educación no dice lo que los colegiales dicen que dice, hasta lograr que nadie entienda nada, especialmente los que tratan de comprender que es lo que reclaman los exaltados, más allá de los pisos rotos o las paredes en mal estado. ¿Son estos ejemplos de participación, de construcción de la identidad política? ¡Por favor! Si la construcción política pasa por demostrar quién es un mejor patotero, quién se anima a pasar por encima de otros estudiantes con idénticos derechos a una mejor educación, el único resultado posible es una futura clase dirigente constituida por apretadores, tan divorciados de la ley como de la realidad.
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