Omar Albornoz fue designado en febrero pasado al frente del Comité Administrador propuesto por el gobierno provincial para ocupar de manera temporal la empresa Alpesca. En ese momento, el Ejecutivo provincial comenzaría a trabajar en el inventario de los bienes de la pesquera para luego avanzar en la elaboración de un proyecto de expropiación.

La expropiación llegó pero el trabajo que debía hacer Albornoz se hizo a destiempo y mal. Esto es lo que denuncian desde los gremios que nuclean a los trabajadores. La relación entre Albornoz y los sindicatos no ha sido la mejor desde su llegada.

En teoría el ex funcionario de Comodoro Rivadavia había sido enviado para mediar entre los trabajadores y el gobierno de la Provincia, tarea que claramente no pudo cumplir. El mal vínculo quedó demostrado en la ruta, en un corte que hicieron los trabajadores de Alpesca, cuando lo agredieron físicamente y debió ser sacado del lugar por efectivos de Gendarmería Nacional.

“Creo tener una relación normal, por supuesto, que los interventores nunca tenemos alfombra roja ni nos tiran flores, pero dentro de todo mantenemos un diálogo donde la relación puede tornarse tensa, pero se va trabajando en el día a día tratando de resolver los problemas”, justificaba en su momento Omar Albornoz.

A diferencia del interventor, los representantes sindicales sostienen que jamás les atendió el teléfono. En este sentido dijeron que la agresión que sufrió por parte de los trabajadores fue producto de la soberbia de Albornoz de no dar la cara. Más allá de los cruces de palabras, lo cierto es que el desempeño de Albornoz no ha sido el mejor.

Y la prueba irrefutable es que recién cuatro meses después de que fue designado comenzaron a inventariarse los bienes de Alpesca.

Además Albornoz es uno de los principales acusados en la causa penal por presunta administración fraudulenta. La causa se inició por la destrucción que sufrieron los dos barcos durante la ocupación que realizó el gobierno de la planta en Puerto Madryn, y que quedaron varados en la arena. En la misma causa se investiga también a la ministra de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, y al resto del comité integrado por Valentín Laborda y Santiago Novoa.