El polémico proyecto de resolución promovido por legisladores del oficialismo, solicitando al Poder Ejecutivo que se avance con la instalación de puestos de peaje en la autopista Tucumán-Famaillá, a los fines de que su mantenimiento sea concesionado, tuvo una efímera existencia.

Apenas 24 horas después de haber tomado estado público la iniciativa, impulsada por Ivan Llorens Dip, con el acompañamiento de sus compañeros de bloque Beatriz Bordinaro de Peluffo y Raúl Hadla, el propio gobernador José Alperovich le bajó ayer el pulgar de manera contundente. "Es una locura, es una ruta nacional", sentenció el Primer mandatario, condenando el proyecto antes de que pueda siquiera ser analizado en comisión.

En declaraciones a la prensa, durante una actividad oficial, el titular del PE justificó su rechazo a la propuesta recordando que la autovía que une a la localidad de Famaillá con la Capital tucumana "no es nuestra (sino que), es una ruta nacional", planteando de ese modo un impedimento jurisdiccional que los legisladores del oficialismo no tuvieron en cuenta.

El proyecto del peaje había generado roces en el bloque "Tucumán Crece", con una firme negativa de parte del legislador famaillense José Orellana, quien había advertido que se trataba de una ruta nacional y que, más allá de una cuestión jurisdiccional, no se podía cargar sobre la espalda de los ciudadanos el costo de mantenimiento de la misma.

Con similares argumentos habían rechazado la propuesta los representantes de distintos bloques opositores.

El proyecto

Tal como anticipó EL SIGLO en su edición del último jueves, el proyecto de Llores Dip constaba solamente de dos artículos, en el primero de los cuales se dirigía al Poder Ejecutivo para solicitarle "la instalación de una estación de peaje en la autopista, que nace en la ciudad de Famaillá, incluyéndose su jurisdicción hasta El Cadillal, concesionándose su explotación". El segundo, en tanto, sugería que "la empresa concesionaria se encargará de la limpieza, mantenimiento, señalización, construcción de espacios verdes, sanitarios, instalación de sistemas de telefonía o postes parlantes en el Corredor, el control de cargas y toda otra obligación que figure en el contrato de concesión".

A la hora de defender su propuesta, el parlamentario oficialista había señalado que "al construir una ruta nueva (como la autopista Tucumán-Famaillá), se debe impedir que la ruta se destruya. Evitar que la ruta se destruya es mantener el capital que el Estado ha invertido en su construcción. Por ello considero que el peaje tiene la ventaja de que paga quién la usa y 'la deteriora', por lo que me parece una modalidad de financiación más justa que la otra, en la que pagamos todos", consignaba el proyecto, que finalmente no prosperará.