En la demanda, Páez señaló al ex gobernador Julio Miranda y al actual mandatario, José Alperovich, por los 12 años que lleva la norma sancionada, aunque sin cumplimiento efectivo. “Es el PE el único responsable de la reglamentación de la ley, de instruir en qué institución pública de salud y bajo responsabilidad de qué funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia procederán todos los funcionarios y magistrados a realizarse los correspondientes y obligatorios estudios médicos y bioquímicos”, afirmó el legislador.

Páez recordó que el 11 de febrero presentó en mesa de entradas de la Legislatura un proyecto de resolución para solicitar al PE la aplicación de la norma “en un plazo perentorio de 30 días”. “Como no fue tratado por la comisión interna de la Legislatura, debido a la falta de apoyo del bloque mayoritario oficialista, seguramente por motivos inconfesables, esta parte intimó por carta documento al gobernador, para que en 10 días reglamentara la Ley 7.240”, agregó.

Al no haber obtenido respuestas, acudió a la Justicia. “Ante esta situación fáctica de la virtual negación del PE a someter a los funcionarios a los estudios médicos y/o bioquímicos que se dispongan, a fin de probar que los funcionarios jerárquicos de los tres poderes no tengan adicción a drogas ilegales, no queda otra acción que accionar”, destacó.

Recordó manifestaciones suyas y de otros dirigentes respecto a esta norma. El massista José Teri, por ejemplo, ofreció someterse a una rinoscopía si lo acompañaba el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado. Este aceptó, pero le recomendó al ex oficialista que además acuda a un psiquiatra. Sin embargo, no pusieron fecha ni plazo para el examen. El ex legislador alperovichista Pedro Balceda también señaló la necesidad de reglamentar esa norma.

“Esto es contrario al espíritu de la Constitución Nacional, a los tratados internacionales, y especialmente violatorio del principio de lucha contra los narcóticos y de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas”, apuntó Páez en el escrito presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Y agregó: “la demora de casi 12 años del Poder Ejecutivo provincial es más que irrazonable, y sin justificación”.

La demanda, elaborada junto a la abogada María Teresa Mockevich, será cursada a la Casa de Gobierno por pedido de Páez. “La vía del amparo es procedente desde que no puede debatirse esta cuestión en un proceso ordinario, que duraría años”, protestó Páez.