Alperovich capituló ante la sublevación de la Policía

Como resultante de la rebelión interna -la segunda en tres semanas-, que paralizó durante seis días consecutivos los servicios en toda la provincia, el gobernador echó a la cúpula de la Policía, comisarios Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, jefe y subjefe, una de las exigencias de los sublevados. La protesta, impulsada por la oficialidad joven, a la que luego se plegó la totalidad de la fuerza, estuvo mucho más allá del reclamo salarial alcanzado. Alperovich salió derrotado y quedó con su autoridad mellada.
Apuntaba al descalabro en las entrañas de la Policía, con graves denuncias de corrupción, por la connivencia con el tráfico de droga, el juego ilegal y la prostitución, además del crónico problema de la inseguridad y el crecimiento del delito, que Alperovich nunca pudo controlar. Al frente de la cartera de Seguridad, en 7 años, pasaron cuatro ministros y ninguno solucionó la complicada problemática. Al contrario, hubo una marcada subida en todos los índices. Este, entre otros, es el lado flaco de la actual gestión.

A la par de la exoneración y el reacomodamiento de los cuadros policiales de mando, Alperovich exhortó a formular autocríticas. Quien, en primer término, debiera hacérsela es él mismo. Nunca acertó con un jefe de Policía eficiente y hasta admitió, públicamente, que lo de la droga es un problema casi sin solución.

Apostó al desgaste del descontento, y su propia inacción impulsó su crecimiento, embrionario al comienzo, para generalizarse después en todo el territorio. Una ciudad sin policías en las calles y una sociedad desprotegida fue el paisaje que ofreció Tucumán durante seis días seguidos. Una manifestación de los sublevados llegó hasta la plaza Independencia, adonde la superioridad mandó tropas para desalojarlos. Entre ellos, todos armados, hubo refriegas que no arrojaron víctimas de casualidad.

Un gobernador acorralado

El miércoles el mandatario no pudo acceder a su despacho de la Casa de Gobierno, porque la guardia de palacio se había plegado al movimiento protestatario. Por el incumplimiento del acuerdo salarial, firmado entre la oficialidad joven y el Gobierno, se desencadenó la última crisis. Esta vez, se consiguió un aumento del 54% sobre el haber básico, lográndose un sueldo mensual de $3.000, más otros adicionales, elevándolo a $4.500, con ajuste para las escalas superiores. Por el volumen masivo que iba cobrando la protesta, Alperovich no tuvo otra alternativa que recular. Nada le molesta más que las ruidosas manifestaciones callejeras. Ahora, admite que la Policía era la peor pagada de la administración.

El subjefe de Policía dijo públicamente que la diputada nacional Stella Maris Córdoba, de puro ADN K, atizaba la sedición. Acompañada por dos abogados y una escribana irrumpió en el Canal 10 y pidió derecho de réplica.

Omar Nóblega, conductor del programa, se mostró reticente. La legisladora se paró ante las cámaras, habló sola, aclaró su situación y se retiró. En el canal, de propiedad de la Universidad Nacional, pero bajo control de Alperovich, no se permite la difusión de ni ninguna voz disidente por suave que fuera.

El mandatario está acosado, también, por el movimiento de médicos autoconvocados, que mantiene desde semanas atrás los hospitales públicos solo con guardias de emergencia. Ahora amenazan con la paralización total. Pretenden un aumento similar del 54%, pues se sienten mal pagados y han redoblado sus protestas callejeras. En los demás gremios estatales se observa una creciente efervescencia y hay intentos de reabrir las paritarias.

Los empleados públicos recibieron un incremento del 24%, escalonado en tres cuotas, la última en octubre.

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