El abogado Carlos López que había ganado el concurso de antecedentes y oposición para cubrir una fiscalía en el centro judicial de Monteros, no fue tenido en cuenta por el titular del Poder Ejecutivo y en su lugar, envió a la Legislatura el pliego del segundo concursante seleccionado por el Consejo Asesor de la Magistratura.
Al parecer, el joven profesional cargó con las culpas de aquellos años, cuando más de un legislador que actualmente integra la Legislatura, fue investigado por sospechas de soborno para habilitar la reforma de la Constitución y con ella, la reelección del entonces gobernador Julio Miranda. El proceso judicial lo llevó adelante Esteban Jerez, que curiosamente ahora forma parte de la Cámara Legislativa, pero por los años 2002 y parte de 2003, con la colaboración de López llegó a poner en jaque a los legisladores oficialistas, entre ellos Sisto Terán, Juan Gutiérrez, Roque Alvarez y Gerónimo Vargas Aignasse.
Acaso tal vez, en la decisión del gobernador haya prevalecido el recuerdo de que López, siempre secundando a Jerez, instruyó diversas causas contra funcionarios del Ejecutivo, mientras él era ministro de Economía. Además, de investigar el uso de los dineros públicos que recibía por esos días la Fundación PIBE, que presidía su esposa, la actual senadora nacional, Beatriz Rojkés de Alperovich. Pero son sólo conjeturas, porque en el comunicado del gobernador a la Legislatura no existe ningún argumento por el cual "borró" a López.
La decisión del gobernador Alperovich quedó plasmada en el comunicado enviado este martes a la Legislatura, donde propone a Jorge Carrasco para cubrir el cargo de fiscal de Instrucción del Centro Judicial de Monteros, el segundo de la terna que encabezó López, luego de haber superado las instancias de selección exigidas por el CAM. La prueba escrita de oposición, la entrevista personal con los miembros del órgano asesor y la valoración de antecedentes profesionales y laborales. Entre los que se cuentan el haber sido secretario de la fiscalía anticorrupción durante 1999 y 2003.
La comunicación del Poder Ejecutivo, además de la firma del mandatario provincial lleva la rúbrica del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Este sería el verdadero hacedor del entramado judicial. Y en este caso particular, habría movido sus fichas para troncar las expectativas que tenía López.
La particularidad de este proceso, es que el gobernador no está obligado a fundamentar su decisión, lo que le confiere la discrecionalidad para poner a quien le plazca, sin considerar mínimamente los antecedentes del ganador del concurso. Con esta decisión, el mensaje implícito para López, sería que no insista en presentarse en los próximos concursos. No mientras Alperovich tenga la última palabra.
En el resto de las coberturas, el gobernador respetó el orden de las ternas enviadas por los consejeros del CAM. Para el centro judicial de Concepción, como juez de Instrucción de la II Nominación, postuló a Guillermo Acosta; como fiscal de Instrucción de la III Nominación, a Jorge Antonio Echayde (el segundo de la terna, ya que Carrasco el ganador de este concurso, asumirá en la fiscalía de Instrucción de Monteros), y como Defensor Oficial Penal de la II Nominación envió el pliego de María Carolina Ballesteros.
El acuerdo remitido por el Ejecutivo, ingresó por mesa de entrada a la Legislatura y fue girado para su tratamiento a la comisión de Peticiones y Acuerdo que preside el legislador José Orellana y que está integrado en su totalidad por parlamentarios oficialistas: Roque Cativa, Manuel Fernández, Mabel Concha, Susana Montaldo, Gregorio Garcia Biagosch y Antonio Raed.
La intención del gobernador, compartida por el presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, es que el próximo 11 de enero se lleve a cabo la sesión especial para la designación de los nuevos magistrados. Además, en esa instancia, quedará resuelta la incorporación del nuevo vocal de la Corte Suprema de Justicia, el actual Defensor del Pueblo, Daniel Posse. Es decir, que será otra sesión parlamentaria a piacere del Gobernador./Sergio Sánchez
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