La instalación de un supermercado en un sitio no permitido. La edificación de un sanatorio y la ampliación de otro en espacios urbanísticamente no adecuados. La construcción sobre superficies destinadas a “pulmones verdes” dentro de las manzanas. El secretario de Gobierno municipal amayista y precandidato a la intendencia por el Acuerdo para el Bicentenario (ApB) Germán Alfaro denunció que la Casa de Gobierno pidió a ediles de San Miguel de Tucumán que excepciones al Código de Planeamiento Urbano de la ciudad como las descriptas fueran aprobadas. Añadió que él habría ido a hablar con el gobernador, José Alperovich, cuando se abordó la edificación de uno de los centros de salud privados: “Me dijo, ‘Negrito, cualquiera (de nosotros) podemos caer en el sanatorio’”. Detalló que habría sido el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, el interlocutor con los representantes vecinales. La supuesta injerencia de la Provincia en las decisiones del cuerpo legislativo municipal, que ya había sido cuestionada por la oposición en otras ocasiones, volvió así al centro de la escena política en plena campaña con vistas a los comicios del 23 de agosto. 

El candidato del canismo planteó la cuestión en un debate de postulantes a suceder aDomingo Amaya en la intendencia. El pase del amayismo a la oposición y las críticas que efectúa al alperovichismo, precisamente, son uno de los asuntos que más irritan al oficialismo. Ayer, el gobernador José Alperovich y el presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano, rechazaron los cuestionamientos de Alfaro. Enrostraron al funcionario que Amaya promulgó la mayoría de las excepciones sancionadas.

“Amaya pudo vetar”

“Puede ser que yo haya hablado por el sanatorio, pero los que votan son los concejales y el intendente tiene la posibilidad de promulgar o no, de vetar. Nada se hizo a escondidas”, retrucó Alperovich ayer al ser consultado por LA GACETA tras recorrer la obra de los puentes y túneles de las calles Mendoza y Córdoba (altura Marco Avellaneda). Afirmó también que dialoga habitualmente con los concejales de su espacio -Alfaro era edil entonces y respondía al alperovichismo-: “hablé como puedo haber hablado de 10.000 cosas”. 

Cano, por su parte, afirmó que el gobernador “jamás tuvo injerencia en las votaciones” del cuerpo que preside. “Me acuerdo de una sola vez. Por los pulmones de manzana que, por recomendación del gobernador, dimos marcha atrás. También es cierto que el Concejo tiene la potestad de aprobar y el Ejecutivo, la posibilidad de vetar. En el caso del sanatorio, no recuerdo que haya sido vetada. Es más, para ser sincero... hay muchas normas que quien firmo como intendente a cargo fui yo”, enrostró el concejal.

Afirmó que comprende el cambio de postura de Alfaro, que era parte del oficialismo y ahora lo denuncia, por la campaña. “Hay que tener en cuenta que a nosotros no nos dan los números para insistir (una ordenanza vetada). Somos nueve los alperovichistas. Para los dos tercios (mayoría), necesitamos 12 por lo menos. Averiguen quiénes acompañaron las normas”, desafió en alusión a los representantes vecinales amayistas. 

“Debajo de la mesa”

“El único problema que tiene el Código son las excepciones, pedidas siempre por la Casa de Gobierno”, afirmó Alfaro ayer horas después del programa televisivo en Canal 10. Defendió la normativa actual y criticó que otros candidatos a intendente pretendan introducir cambios. Además, redobló la apuesta y cargó contra sus ex compañeros de gestión. 

“Las excepciones fueron pedidas siempre por la Casa de Gobierno. Hoy dicen muy sueltos de cuerpo ‘la hubieran vetado’. Eso hicimos. Cuando con los votos alperovichistas sacaron la excepción para que un súper se instalara a metros de un sanatorio sobre la calle 25 de mayo. El intendente Amaya la vetó y el Concejo la insistió. Hoy tenemos el local en la 25 de Mayo al 300”, recordó. 

Aseguró que por esos “manejos por debajo de la mesa” (sic) es que decidieron alejarse del oficialismo provincial. Aseguró que la “concepción del poder que tiene el alperovichismo es el beneficio personal. Nosotros hacemos política para servir al bien común. Al gobernador, como ya nos demostró en incontables oportunidades, sólo le interesa su propio beneficio”, concluyó Alfaro. 

Algunos permisos que generaron polémica

Centro

No hubo debate, pero se aprobó la ordenanza para demoler un edificio

En diciembre de 2007, los concejales amayistas y alperovichistas de la Capital aprobaron (con el rechazo del bussista Claudio Viña, del radical José Luis Avignone y de José Costanzo, del Partido Federal), un proyecto de ordenanza que habilitaba la demolición del edificio donde funcionaba la emisora LV 12, ubicado en calle Virgen de la Merced (ex Rivadavia) 120. En lugar de los siete pisos permitidos se permitió a la firma Avanco SRL (de Rubén Ricardo Rojkés y José Jorge Alperovich, según el aviso N° 180.452 del Boletín Oficial) que levantara 12 pisos. El entonces concejal Hugo Cabral (PJ), hoy Defensor del Pueblo, fue la voz cantante del oficialismo para justificar el proyecto. Resaltó que el ex edificio de LV 12, que había sido declarado de interés patrimonial, conservará su fachada y que la nueva construcción se erigirá dentro del predio. El peronista aclaró que la iniciativa había sido consultada con Catastro.

Centro

La excepción que avaló la edificación de un supermercado en calle 25 de Mayo

El Concejo Deliberante de la Capital aprobó en agosto de 2008 un trámite que la firma Carrefour venía solicitando hacía tiempo: la autorización para erigir el local en calle de 25 de Mayo 346/348. Los ediles oficialistas avalaron la excepción al Código de Planeamiento (con 14 votos a favor, tres en contra y una ausencia) para que se construyera un salón de 950 m2, siendo que sólo está permitido hasta una superficie de 300 m2. El intendente Domingo Amaya había vetado el proyecto de ordenanza, pero el cuerpo colegiado insistió hasta lograr su aprobación. Uno de los principales defensores de la excepción al Código de Planeamiento fue el entonces concejal por el PJ, Hugo Cabral -hoy Defensor del Pueblo-, quien ponía como ejemplo el supermercado VEA, situado en calle Córdoba al 600. Al vetar la ordenanza, Amaya argumentaba que ese emprendimiento acarrearía “un cúmulo de problemas” por la envergadura y el tipo de actividad a desarrollar en el microcentro.

Barrio Sur

Una habilitación para una planta de energía que, al final, no se edificó

En septiembre de 2012, el alperovichismo y el amayismo impulsaron el tratamiento sobre tablas (sin dictamen de las comisiones pertinentes) y la aprobación de un proyecto de ordenanza que eximía a la empresa EDET de cumplir con el Código de Planteamiento Urbano. La obra en cuestión era una planta transformadora de energía eléctrica en pleno Barrio Sur (calle Ayacucho al 200), que finalmente “cayó” por la presión de los vecinos. La habilitación era porque la construcción era de una altura mayor a la permitida. En la sesión, el entonces concejal amayista Germán Alfaro y el bussista Claudio Viña se retiraron del recinto. Los demás amayistas la avalaron. La iniciativa fue rechazada por Sandra Manzone (CC-ARI) y los radicales Roque Mendía y José Luis Avignone. Las versiones indican que el texto había sido redactado poco antes del debate por el peronista Oscar Cano, vinculado entonces al intendente Domingo Amaya pero con estrechos vínculos con la Casa de Gobierno.

Centro

Sanatorios que pudieron avanzar con obras, gracias a los concejales

Los concejales amayistas y alperovichistas de San Miguel de Tucumán, en noviembre de 2013, impusieron su mayoría en el cuerpo colegiado para autorizar una excepción a la ordenanza 4.345 (Código de Planeamiento Urbano) a favor del Sanatorio 9 de Julio. Aquella normativa establece una estricta prohibición a institutos médicos privados y a establecimientos educativos céntricos para que realicen ampliaciones edilicias. Al momento de la votación, el amayista Germán Alfaro (entonces edil capitalino) estaba de licencia, y el radical José Luis Avignone se ausentó del recinto. Su “correligionario” Roque Mendía votó en contra, al igual que el macrista Roberto Ávila, el bussista Claudio Viña y Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI). A fines de 2011, el Concejo había avalado también reformas en el Centro Privado de Cardiología, y en abril de 2013 dio vía libre a obras de ampliación en la Clínica Mayo, ambas en el centro.