Los abogados del Acuerdo para el Bicentenario realizaron ayer una presentación en la Justicia Federal, pidiendo que se investigue al Secretario de la Junta Electoral, Daría Almaraz, junto a miembros de la Gendarmería Nacional y del Correo Argentino, por formar parte presuntamente de una “asociación criminosa” y por “cohecho”.

Casi al mismo tiempo, Almaraz se reunía con el Juez federal Fernando Poviña, a cargo del Juzgado número II, para solicitar que realice una pesquisa para dilucidar qué ocurrió respecto del daño que sufrieron las filmaciones que registraron el traslado y la custodia de las urnas en la sede del órgano fiscalizador de los comicios locales, Mendoza 1.050.

"No tengo idea sobre ninguna denuncia, no me informaron. Sólo vi algunas cosas en los medios, pero formalmente nada", expresó ayer por la tarde el secretario de la JEP, luego de que todos los medios reflejaran la conferencia de prensa de la fórmula opositora José Cano-Domingo Amaya, en donde se confirmó la denuncia que incluye a Almaraz, y mediante la cual se solicita la detención “inmediata e incomunicación” del letrado y de otros denunciados.

"Lo único que puedo responder es que me voy a someter a la Justicia. Si están los canales para acusar, están los canales para defenderse", sentenció.

La presentación judicial del partido opositor surge luego que desde Gendarmería se informase a la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tribunal en el que ingresaron las distintas acciones iniciadas por la oposición ya sea para lograr la apertura de todas las urnas o la nulidad de los comicios, y el llamado a nuevas elecciones, que muchos de los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en la sede donde la Junta Electoral Tucumana (JEP) resguarda las urnas con las que se votó el 23 de agosto se encuentran inutilizables.

Esto fundamentó la sospecha de los referentes de la oposición de que las irregularidades que vienen denunciando desde el día de los comicios son un claro intento de “encubrimiento” de los delitos presuntamente cometidos antes, durante y después del 23 de agosto, para intentar torcer los resultados de la voluntad popular, y cuya responsabilidad material recaería sobre el Correo y Gendarmería pero con la participación necesaria de la JEP.

“Todas las contrataciones están a cargo de Gendarmería. La Junta contrató el servicio de custodia y vigilancia con Gendarmería, no tiene que ver ni contrató a ninguna empresa de filmación. Aparte, en los informes de Gendarmería se comunica que esta empresa fue contratada por ellos”, se defendió el secretario de la JEP.

Según Almaraz, previamente al día de los comicios, la JEP había puesto a disposición de los agentes de seguridad de un generador, el cual estuvo a disposición, ante cualquier eventualidad. “Nosotros no nos enteramos de ninguna suba o baja de tensión o corte de suministro hasta que llega este informe”, agregó.

No obstante, consideró que el hecho no remite de gravedad para el desarrollo del escrutinio definitivo. “Gendarmería reconoció que brindó custodia personal desde el momento en que salieron las urnas hacia las escuelas y desde allí hacia la JEP. Está comprobado que desde ese momento hasta hoy, Gendarmería custodia las urnas”