La asesora legal del municipio, Claudia Azategui, comentó a este diario que el dictamen hace lugar al planteo de que los ediles se habrían extralimitado en sus funciones, por lo que la suspensión del intendente no sería válida ni legal sino arbitraria.

López había presentado una denuncia penal contra el cuerpo deliberativo planteando presuntas omisiones en el proceso. Azategui anticipó que el lunes presentará una nueva medida ante el Tribunal Superior de Justicia.

Antes, había pedido que lo restituyeran en el cargo y ahora solicitará que “se suspenda el acto comicial” del referéndum revocatorio previsto para el 31 de octubre próximo. En esa anunciada votación, el electorado iba a decidir si López era destituido o seguía en el cargo hasta culminar su mandato, que vence en un año.

Los ediles no entienden aún los fundamentos del revés judicial recibido. Sin resistencia, el radical Raúl Balbis entregó ayer a López las llaves del municipio. Por un par de días, había ocupado su despacho pese a la resistencia del intendente.

Por su parte, el concejal opositor Hugo Pérez (PJ), admitió que se desconoce ahora si queda en firme o no el referéndum al que se había convocado para el 31 de este mes. “Esto lo entiendo como casi una injusticia por la lentitud de la Justicia”, deslizó molesto.

López, ya más distendido, anunció ayer tras retomar su cargo que “se seguirá trabajando con normalidad y mirando para adelante”. Y vaticinó que la consulta popular sobre su permanencia el 31 no tendrá lugar.