El primer entrecomillado que da puntapié a esta breve nota debe resultar familiar y harto conocido para muchas mamás y papás que, cuando sus hijas o hijos no aparecen, acuden a la comisaria para asentar la denuncia por averiguación de paradero o desaparición de personas: “espere 24 horas señora, después aparecen”. Esas 24 horas bastan y sobran para que una persona pase -de ser persona- a ser producto en el mercado de cambio de la trata en nuestro país, al comercio y explotación de individuos; 24 horas alcanzan y sobran para que los sicarios de la trata “ablanden” al secuestrado, le cambien la ropa y el color de pelo y lo introduzcan en una ruta -sin metáforas- infinita, sin pistas, sin testigos. Sin nada.

Daiana Pili, de 17 años, hace más de 70 días que no aparece. Se han realizado campañas públicas, movilizaciones y reclamos, pero Daiana no aparece.

Gonzalo Iñiguez hace un año que no aparece. Su hermana lo ha buscado y ha puesto en escena pública el caso, pero no aparece.

Luciana, de 15 años, estuvo desaparecida durante dos semanas en el año 2012. La encontraron en la localidad de Roque Pérez y hoy se encuentra alojada en una institución de víctimas de trata; la Justicia la buscaba como “averiguación de paradero”, después se comprobó que había sido víctima de la trata de personas. La habían secuestrado.

El sábado pasado, a pocas horas de que se cerrara el evento organizado por la Mesa Contra la Trata de Personas, dos adolescentes de 14 años desaparecieron; se “fugaron” de un hogar en el que estaban con medidas dictadas desde el Servicio Local de Niñez. Se “fugaron” sin más datos que los expuestos y al día de hoy las novedades son nulas. La policía no las encuentra, los organismos estatales no las encuentran, la familia -claro está-mucho menos.

Si se habla de trata de personas, se habla de crimen organizado y de mafias coordinadas logísticamente. Si hay mafias, hay vinculaciones con el poder: el político, el mediático, el económico y -por supuesto- el policial; la “mafia” no nace en un país llamado Mafia, sino que se gesta en el seno de la convivencia que acuna el poder de todo tipo. No hay mafia si no hay vinculación y articulación con el poder.

Pocas horas bastan para el secuestro, el traslado y el comercio de personas a fines de explotación sexual, laboral o venta de órganos. Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. La mayoría de las víctimas de trata provienen de zonas rurales o barrios pobres de la Patria, según las organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Algunos funcionarios municipales, provinciales y, en menor medida, nacionales, participaron directamente o indirectamente en el delito de la trata de personas. Presuntamente, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas con la trata de personas o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes. Hay muchos funcionarios de la Policía Federal y Bonaerense removidos de sus cargos por estar vinculados a este flagelo, más no condenados concretamente por el delito.

¿Tandil sigue siendo una excepción a toda regla?

Los últimos casos se filtran y publican en la agenda local gracias a que los colectivos de organizaciones comienzan a destapar la olla del silencio que cubre las sierras. En Tandil están desapareciendo adolescentes. La problemática es urgente y a contrarreloj. El tiempo y la decisión política de problematizar esta situación son dos factores que urgen para seguir avanzando: el tiempo es hoy, la decisión política, también.