pues señala que “el modelo sistémico del control externo de la Hacienda Pública lo representan los Tribunales de Cuentas, con sus funciones jurisdiccionales en su expresión más moderna. En el más alto sentido republicano, éstos tienen rango constitucional”.

En distintas provincias

La declaración se hizo por la situación planteada en diversas provincias del país, que aseguran “revelan la intencionalidad de sectores de interés de crear o generar entes de control público externos a través de comisiones, o de cualquier otra naturaleza que implique un cambio del modelo establecido en la mayoría de los Estados provinciales argentinos”.

La posición

Asimismo, señaló el secretariado que “sin desconocer ni dejar de respetar las facultades constitucionales de las Legislaturas provinciales, entiende que la emergencia amerita manifestar con meridiana claridad que toda creación de un nuevo organismo de control, que en alguna medida importe suponer competencias y funciones a las ya asignadas a los órganos de rango constitucional, en particular a partir de la vigencia de legislaciones de administración financiera provinciales implica una ociosa sobredimensión de la estructura estatal y un incremento de su burocracia”.

Sostuvo, además, que esto no hará más que “obstruir la determinación de responsabilidades en el manejo de la hacienda pública, ya que contradice la orientación hacia un Estado más eficiente y eficaz como se alega con el intento. Por el contrario, solo servirá para recrear ámbitos cómodos para el desenvolvimiento de la corrupción”.