La Ley que instala la “alerta hídrico ambiental” en la provincia, surgida de la fusión política –no siempre conveniente ni eficaz- de diversos proyectos con distintos enfoques, fue aprobada en general este martes 13 en la Legislatura: ha sido un paso adelante en la protección de ríos y lagos, pero muy posiblemente, no suficiente para la gravedad de la situación objetiva que afecta la zona de la confluencia del Limay y el Neuquén.
“Con esta ley estamos emitiendo una señal clara al pueblo neuquino de que vale la pena involucrarse, comprometerse y participar activamente en le defensa de nuestro medio ambiente”, aseguró el diputado (Libres del Sur) Santiago Nogueira, quien se asumió como impulsor central de la propuesta.
“Si no cuidamos nuestro ambiente, si no lo preservamos, no habrá futuro”, dijo por su lado su colega partidario, Jesús Escobar.
Se destacó que la propuesta estuvo “hasta último momento abierta a la incorporación de contenidos y correcciones” y el hecho de que se hayan podido dejar de lado “las mezquinas diferencias políticas para encontrar una respuesta legislativa”.
Entre otras cosas, la Ley aprobada declara la alerta hídrico-ambiental en todos los cursos, cuerpos de agua y acuíferos de la provincia, y crea un comité con participación ciudadana que elaborará un Plan Estratégico Integral de Alerta para la identificación, evaluación y solución de las amenazas a los recursos hídricos.
También crea un fondo específico para usar en el tema, y pone límites y prohibiciones a los vertidos de efluentes y residuos sin tratamiento a la red cloacal y pluvio-aluvional.
Es un avance respecto a la situación anterior a la aprobación de esta Ley. Pero probablemente no alcance, pues no soluciona el vertido de líquidos contaminantes o potencialmente contaminantes, sino que en todo caso fija más control y precauciones sobre el tratamiento de efluentes antes de llegar a los cauces de ríos o lagos.
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