Ya no es sólo la oposición la que exige el apartamiento del ministro de Gobierno y Justicia, Javier Silva, de su cargo ante la tragedia que ocurrió hace dos semanas exactamente y por la cual perdieron la vida cuatro menores detenido en la Alcaidía. Ahora son los propios radicales, o al menos un sector interno, el que pide que Silva deje su cargo por su responsabilidad política que le compete.

Así, la Corriente Progresista Radical (CPR), línea interna del radicalismo que preside el diputado provincial José “Chichí” Sosa, emitió un comunicado en el que además de pedir esta medida política, le exige al centenario partido un pronunciamiento orgánico sobre este luctuoso hecho.

En esta línea, la CPR expresó su “profundo malestar ante la falta de un pronunciamiento orgánico de la conducción de la UCR por los lamentables hechos acaecidos en la Alcaidía y que costó la vida de cuatro adolecentes catamarqueños, habiendo transcurrido ya casi dos semana del hecho, donde guardamos un prudente silencio, esperando gestos y acciones”.

En este sentido, se advierte que el radicalismo tiene como principios fundacionales “la defensa irrestricta de la vida, de la paz, de la democracia y de la libertad” y recuerda que “siempre ha estado del lado de los que más necesitan”. La CPR marcó que fue precisamente por estos principios, que “a comienzo de los ´90 en Catamarca estuvimos del lado que había que estar, acompañando y comprometiéndonos con el reclamo de justicia y luchando contra lo que denominamos el régimen corrupto, feudal y familiar que gobernaba Catamarca”.

“Al cabo de 20 años, la salida del poder, ante el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas de la Alcaidía, nos tiene que encontrar en el lugar de siempre: al lado de los que más necesitan, acompañando el reclamo de justicia, como lo hemos hecho siempre, y no avalando con silencios cómplices a funcionarios ineptos y farsantes que ya demasiado daño le han hecho, no sólo a una fuerza política, sino al pueblo de Catamarca”.

La salida de Brizuela

En este marco, la CPR considera que la salida de Brizuela del Moral del Gobierno luego de ocho años de gestión, “debe ser por la puerta grande”. Pero también advierte -en el mismo documento- que “la mediocridad e inutilidad de su entorno de funcionarios y dirigentes acríticos, serviles y chupa media, lo están arrastrando a una salida no deseada”.

Y es por ello que exigen “el apartamiento inmediato de su cargo del ministro de Gobierno y Justicia (Javier Silva), por ineptitud manifiesta, negligencia y displicencia cuanto menos en el desempeño de sus funciones. Su sola permanencia se convertirá en una bofetada continua y sistemática a quienes creemos que debería haber justicia por las muertes de la Alcaidía”.

“Los funcionarios son fusibles en cualquier gobierno que se precie de gobernar de cara a la sociedad, máxime ante estos hechos de profunda gravedad. Y de no tomar las medidas mínimas que exigen las circunstancias y que nosotros reclamamos, los costos a asumir hasta la entrega del poder el 10 de diciembre serán aún mayores”, apuntó la CPR.

El fantasma de

la intervención

Por último, la línea que conduce Sosa también advirtió en su pronunciamiento sobre las “acciones políticas que están llevando adelante ante el Gobierno de Cristina Kirchner, algunos operadores del peronismo, que llenos de revanchismo político, trabajan la eventualidad de lograr que intervengan el Gobierno del FCyS, o cuanto menos el Poder Judicial de la Provincia”; y expresó su “más enérgico repudio a estas conductas antidemocrática”.

Piden la intervención de los diputados

En la sesión de ayer de Diputados ingresó una nota de familiares de internos del Servicio Penitenciario Provincial “Dr. Julio Herrera” en la cual se advierte sobre “el estado de indefensión” de los mismos y se solicita a los diputados su intervención mediante pedidos de informes sobre la situación de los internos y sus salidas transitorias y laborales. “Solicitamos a los legisladores que intervengan pidiendo informes de los internos y seres queridos que se manifiestan reclamando una salida transitoria mas por mes, para afianzar lazos familiares y para que se cumpla lo dispuesto por la jueza de Ejecución, quien ordenó tratamiento psicológico de dichos internos para concederles la salida laboral o restablecer la misma, cosa que el Servicio Penitenciario no realiza”, señala la nota, destacando que los internos se encuentran hace una semana en huelga de hambre reclamando ser escuchados por la jueza.

Por otra parte, hacen saber a los legisladores que con “medidas arbitrarias y dictatoriales esta señora jueza le ha manifestado a la cúpula del Servicio Penitenciario proponer el traslado de internos a otras cárceles para calmar los ánimos”, ante los reclamos que realizan.

“Señores legisladores, no permitan que esta Justicia de amiguismos y de puestos a dedo siga disolviendo familias catamarqueñas como en el caso de la Alcaidía provincial”, indica la nota que fue girada a la Comisión de Derechos Humanos y de Niñez, Adolescencia y Familia, para ser analizada y tomar las medidas del caso.