Un 70% de esas intervenciones son por violencia en menores. Según Alejandra Urdampilleta, subsecretaria de Desarrollo Social, este fenómeno hace replantear una doble actitud: si es que hay más casos de violencia o mayor nivel de denuncia. “Para buscar entre todos la solución a un problema lo primero que tenemos que hacer es conocer, saber, clasificar y cuantificar para luego intentar revertirlo”, dijo quien está a cargo de la Dirección.

Respecto a las denuncias que se reciben, se destacan las vinculadas al maltrato físico y violencia corporal contra los chicos, así como la negligencia en cuanto al abandono, la falta de comida, no mandar a los menores a la escuela, no tener a los niños documentados, ni brindarles la asistencia médica necesaria. “Estamos trabajando muy fuerte con los problemas de documentación ya que al no tenerla los chicos no pueden recibir la Asignación Universal que va ordenando a la familia; porque a partir de esa asignación nosotros podemos ver si el chico va a la escuela, si tiene los controles médicos necesarios, y dado el caso articular con la escuela para realizar un trabajo en conjunto. Si los chicos no cuentan con los documentos, empiezan siendo vulnerados desde el comienzo. La identidad debería prevalecer como primer derecho básico y universal” destacó Alejandra Urdampilleta.

La elevada cifra de denuncias y de intervenciones que se realizan asociada a la violencia infantil preocupa a los especialistas porque los hechos son cada vez más violentos y difíciles de resolver. El 52% de los casos se producen por negligencia o violencia familiar, el 37% son denuncias por abusos sexuales con niños como víctimas, y el 11% restante tienen como protagonista a los maltratos. Del total de los casos atendidos, las situaciones de violencia arriban al 70%. Según el informe elevado al Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, dentro de ese promedio se encuentran comprendidas las situaciones de abuso sexual, violencia física y psicológica, violencia indirecta y situaciones de negligencia parental.

En cuanto a las cifras dadas a conocer públicamente, la subsecretaria de Desarrollo Social, dijo que “estamos contabilizando muchos más datos porque ahora se los codifica pero además hay una conciencia de la gente mucho más crítica sabiendo que tiene a quien pedirle ayuda y cómo denunciar. Hay más conciencia de los derechos, lo que nos enfrenta a una realidad dura y crítica que hasta hace unos años estaba tapada o por lo menos no la veíamos”.

Alejandra Urdampilleta no sólo se detuvo a destacar la gravedad de la violencia infantil sino también los índices de abuso sexual que se dan en relación intrafamiliar. Los casos de violencia pueden proceder desde la propia familia siendo los padres o las parejas de éstos quienes ejercen la violencia, aunque en otras situaciones pueden ser realizados por un vecino o algún familiar, pero siempre está asociado al factor de cercanía con el infante y contacto previo con la víctima. “Este problema muchas veces nos lleva a tomar otras medidas que exceden a la mera intervención como es el abrigo, es decir separar a los chicos de sus familias y brindarles asistencia o mandar al niño a vivir con algún otro familiar. En otros casos hemos tenido que pedir la intervención del Tribunal de Familia para separar al agresor. Nosotros podemos intervenir hasta la mayoría de edad que es a los 18 años”.

La coordinadora de la Dirección de la Niñez y la Juventud de la Municipalidad insistió en el peligro y gravedad del “efecto dominó” y la reproducción que puede traer la violencia. “En los casos en que la violencia familiar no es ejercida directamente sobre el niño pero si es ejercida sobre la madre se configura un núcleo familiar enfermo y con chicos predispuestos a reproducir tales actos o conductas en su vida adulta”.

El Centro de Protección del Niño, conformado por un asistente social, un psicólogo y un abogado, toma intervención inmediata y profesional al recibirse la denuncia, trabajando cada caso en forma puntual con un estudio específico. Primero se hace una evaluación y luego se trabaja en conjunto con el Servicio Zonal de Provincia, intentando judicializar lo menos posible y poder resolver los problemas. Sin embargo, según Urdampilleta “un 10% de los casos, que serían específicamente unos 200 casos, están judicializados y se los trabaja en conjunto con el Tribunal de Familia, con los cuales trabajamos muy bien en equipo”. Y agregó que “cada caso requiere una intervención distinta, con distintos grados de mediación hasta llegar a la medida de abrigo que es una medida límite sacando al chico de su entorno para institucionalizarlo”.

Por otra parte, este tema hace resaltar las actitudes hostiles por parte de los padres o agresores una vez que su situación es dada a conocer e intervenida. En muchos casos, los profesionales de los centros de protección han sido víctimas de amenazas y agresiones por parte de padres violentos o con problemáticas asociadas a las adicciones. “Este tipo de adultos no toleran que el Estado intervenga en una cuestión que ellos consideran sólo familiar y al niño como una propiedad privada, no entendiendo la responsabilidad del Estado”, finalizó Alejandra Urdampilleta.

Para encontrar contención, pedir asistencia y realizar una denuncia existe el número telefónico 102 que está abierto los 365 días del año las 24 horas del día,así como 11 Centros de Protección en los diferentes barrios de Mar del Plata.