Según denuncian, estas serían personas que dicen tener títulos de propiedad que los desplazarían del lugar luego de más de 100 años de permanecer en las tierras.

Los territorios de la “Co­mu­nidad Huarpe Clara Rosa Guakinchay” están ubicados en Ruta Nacional nº 20, entre los km 429 y 434, paraje “Punta del Médano”, entre el Distrito Encón y Las Trancas del departamento 25 de Mayo.

“Antes de semana Santa en dos oportunidades llegaron camiones con acoplado y descargaron palos en la zona nuestra sin avisarnos ni pedirnos autorización. En una de las oportunidades los encontramos ya comenzando a alambrar la zona. Cuando preguntamos de qué se trataba nos dijeron que los propietarios de las tierras los enviaban a alambrar los terrenos porque les pertenecían. Primero dijeron que alambrarían 6.000 hectáreas, luego 15.000”, co­mentó Catalina, miembro de la comunidad.

Y agregó: “En aquel momento debimos ha­cer intervenir a la policía para evitar discusiones, la Policía logró persuadir a quienes alambraban de que se retiraran. Dichas personas han invadido el territorio con el propósito de alambrar parte del mismo; ocupado por la comunidad desde hace más de seis generaciones de familias de puesteros que se dedican a la crianza de animales, tanto caprinos como vacunos”.

Si bien las amenazas de alambrar el territorio y desplazar a 2 de las 13 familias de la comunidad originaria, por el momento no han vuelto, se encuentran en estado de alerta y hasta organizaron guardias permanentes, ya que los camiones iban en horarios en los que no podían encontrar a la comunidad activa.

Esta situación está amparada por la legislación vigente a través de los artículos 14,15 y 16 del Convenio 169 de la OIT, por la Constitución Nacional y ley 26.160.

“Queremos que nuestros gobernantes ayuden a la no usurpacion ni desalojo de las comunidades originarias bajo acciones concretas. No somos la primera comunidad que debe afrontar situaciones así. Nosotros ya estamos tramitando la titularidad de éstas tierras que históricamente nos pertenecen, estamos siendo asesorados por un abogado y ya hemos pedido intervención al INADI”, contó Catalina.