Los 60 empleados de la sede Rosario de la entidad gremial agropecuaria se reunieron en asamblea el viernes con el presidente de la institución, Eduardo Buzzi, quien les confirmó que el ajuste es ine-vitable si el decreto 34/09 del Ejecutivo nacional queda firme en sesenta días. De ser así, alegó Buzzi, la FAA ya no podrá sostener su estructura al no contar con la actividad que le reporta más de 6 millones de pesos anuales. Sin eso, la institución quedará con los aportes de 8.000 socios y de sus filiales y cooperativas.

Son doscientas personas las que temen por su estabilidad laboral, entre las que trabajan en Rosario, y las que lo hacen en Buenos Aires y las que vendían cartas de porte entre las 100 filiales y cooperativas del centro y norte del país.

A pedido de los trabajadores, el viernes Buzzi se comprometió a tratar de reubicar a los despedidos en las empresas vinculadas a la FAA como la poderosa Agricultores Federados Argentinos, Cafer, la mutual Federada Salud y cooperativas de la zona. Y también de gestionar lo mismo ante el gobierno de Santa Fe. “Hasta ahora, eso es una promesa. En este tiempo, ellos no buscaron ingresos alternativos para evitar esta situación como, por ejemplo, aumentar la cuota social ($300 anuales) y bajar el sueldo de los dirigentes, diez veces mayor que el de un empleado”, dijo una fuente de la entidad.

La situación es similar al escenario de julio pasado, en pleno conflicto campo vs gobierno. Esa vez, la FAA echó a 10 empleados y anunciaba que se desprendería de otros 150 si el gobierno le quitaba el negocio que comparte con el Centro de Acopiadores, cosa que aún no ocurrió. Esta semana, la Presidenta decretó la gratuidad de esos documentos que fiscalizan el transporte de granos y que, desde el mes próximo podrán obtenerse vía internet, bajo control de la Afip. La FAA apelará la medida por vía judicial. El personal convocará mañana a una conferencia de prensa en la sede Rosario para exponer la situación