Mientras decenas de taxistas y familiares se organizaban en la calle para reclamar Justicia por Rogelio San Miguel, el fiscal Maximiliano Breide Obeid apeló ayer la decisión del juez Marcelo Benavides, quien el jueves dejó en libertad por falta de mérito a Gerardo Fuentes, el único imputado por el crimen.

Los abogados querellantes -Facundo Trova y Alejandro Bustamante- serán los próximos en apelar la resolución del magistrado.

Con bombos, pancartas, altoparlantes y bocinazos, amigos, familiares y compañeros de trabajo del taxista asesinado cercaron el edificio de Santiago del Estero 44 -donde funcionan los juzgados penales- y lo empapelaron con pegatinas alusivas. “¿Qué venimos a pedir? Justicia, ¿qué venimos a reclamar? Justicia”, fue lo que exclamaron todos.

El fiscal que apeló ayer la medida fundó su recurso sobre la prueba testimonial ofrecida -y que a su criterio no fue valorada- y el riesgo procesal inminente de que Fuentes entorpezca la investigación y se fugue.

Sin ir más lejos, pocas horas después de recuperar su libertad, la Fiscalía de Entradas recibió una denuncia por amenazas de muerte que habría proferido en contra del menor juzgado semanas atrás por el homicidio de San Miguel.

La denuncia fue realizada anteayer y por ese motivo, el fiscal Marcelo Jara dispuso una custodia policial para el joven.

El amenazado señaló a Fuentes como el presunto autor de la muerte del taxista. Lo hizo durante el proceso que se concretó en el ámbito de la justicia penal juvenil, que decidió condenarlo por el delito de robo calificado.

Su testimonio fue tenido en cuenta por el juez Benavides para ordenar la detención de Fuentes pero al resolver su situación procesal días más tarde no lo valoró como prueba, lo que resulta “además de contradictorio una circunstancia grave”, indicó Breide Obeid.

Según el representante del Ministerio Fiscal, no lo tuvo presente como testigo ni hizo lugar a la declaración por él solicitada, aún cuando el menor ya había recibido una condena, que quedó firme en el acto y fue por otro delito (el de robo calificado).

“Esta Fiscalía se ve agraviada al no poder contar como prueba incorporada al expediente con la declaración testimonial del único testigo presencial del homicidio”, afirmó en la apelación.

Hipótesis cuestionada

Para el fiscal no sólo no es posible sino que es “inconstitucional” la hipótesis que elaboró Benavides para rechazar su pedido, al entender que el menor pueda perjudicar su situación declarando como testigo bajo juramento.

Por un lado, recordó que “no es posible perseguir penalmente respecto del mismo suceso a la misma persona” y por otro, advirtió que sostener una hipótesis como la elaborada por Benavides supone “un cabal desconocimiento de la cosa juzgada”.

Reiteró que el menor, al ser condenado por el delito de robo calificado, fue desvinculado del hecho de homicidio, de manera que “automáticamente” se convierte en testigo del crimen.

“El propio fiscal de Menores –Germán Martín- solicitó en la audiencia y así quedó plasmado en el acta, la protección del joven por ser un testigo importante”, sostuvo Breide Obeid.

Agregó que su “confesión es una prueba” y que, sin embargo, el juez tampoco la aceptó en esos términos.

En esta dirección, el fiscal consideró necesario verificar si la confesión reúne los requisitos para ser considerada válida y destacó que, por regla general, es una declaración contraria a quien la formula.

También enfatizó que “esta parte ofreció a dos testigos en la sede instructora, que tampoco fueron valorados por el juez de Instrucción”.

En su apelación, cuestionó que el magistrado no haya dispuesto ninguna medida restrictiva sobre el imputado, poniendo en riesgo la investigación y la integridad de los testigos.

Tal es así que, a partir de la denuncia por amenazas que recibió la Fiscalía en su contra, afirmó que “el peligro de entorpecimiento en la investigación dejó de ser presunto para convertirse en una realidad”.

Evaluó necesaria la prisión preventiva como medida cautelar en el caso.