La palabra mentira vuelve a resonar en el entorno del gobernador Celso Jaque y agita a la oposición. Los argumentos esgrimidos por el fiscal de Estado Joaquín de Rosas para defenderse en el Jury de Enjuiciamiento, han desnudado el itinerario del desistimiento a la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que revivió la promoción industrial y, al mismo tiempo, desatado las iras de los legisladores del Frente Cívico y del PD, quienes empiezan a apuntar sus cañones hacia el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni y el propio Jaque.

Ayer, los senadores del frente conformado por la UCR, el Confe, el ARI y Unidad Popular lanzaron el pedido de interpelación contra el ministro.

Pero esto no es todo. Tanto desde el Frente como desde el PD no descartan abrir el juicio político contra el gobernador.

Lo que advierten desde la oposición en su conjunto es que las fechas de convenios y presentaciones judiciales contradicen la historia oficial contada por el propio gobernador y el ministro, aunque también sostenida por el fiscal hasta el mismo momento en el que el Frente Cívico presentaba el pedido de enjuiciamiento en su contra.

En los argumentos de antes, el desistimiento de la Acción declarativa de Inconstitucionalidad había sido realizado porque Mendoza entraba en el régimen de promoción industrial, según se desprendía de un borrador de decreto que firmaría la presidenta Cristina Fernández; ahora simplemente para que la provincia ingresara al Programa Federal de Desendeudamiento.

Así, lo que había sido anunciado por el Gobierno como una victoria política contra el histórico gran fantasma de las desgravaciones impositivas en las provincias vecinas, hoy es apenas una reestructuración de parte de la deuda provincial, conveniente pero no con la misma envergadura.

Sin embargo, la historia esgrimida ahora por De Rosas divide criterios entre los partidos de oposición. Mientras que, para el denunciante senador radical Armando Camerucci, los nuevos argumentos confirman las mentiras sostenidas previamente por el fiscal; desde el PD, Carlos Aguinaga sostiene que el culpable es el gobernador, exculpando al funcionario investigado y señalando que la denuncia fue realizada "irresponsablemente por parte de los del Frente Cívico, sin chequear información, lo que podría constituir una injusticia para con De Rosas y hasta un delito" por parte de los acusadores.

La agitada mañana de los Senadores transcurrió con la palabra mentira retumbando en el recinto.

Mientras que, hasta la semana pasada el propio gobernador afirmaba ante la prensa que el desistimiento de la demanda contra el decreto 699 de la Presidencia de la Nación que reanudaba la promoción industrial por 15 años se había producido el 22 de setiembre, en el escrito presentado por De Rosas ante el tribunal que lo enjuicia, se desprende (con documentación probatoria) que la provincia desistió de la acción de inconstitucionalidad el 26 de agosto, vía firma de un convenio con la Nación, para que Mendoza ingrese al Programa Federal de Desendeudamiento; convenio que el propio Jaque y Cerroni convalidaron por decreto 1.977/10, de carácter secreto (es decir, no publicado en el Boletín Oficial), fechado el 27 de agosto.